LaLiga lleva mucho tiempo ya intentando frenar la piratería, con métodos que para nada parecen lógicos y proporcionados. Lo peor es que, por culpa de estos procesos de bloqueos, son muchos los pequeños comercios españoles que se están viendo perjudicados.
Durante los últimos años, el organismo presidido por Javier Tebas ha sacado pecho de sus herramientas tecnológicas para tumbar emisiones ilegales de partidos. El problema es el daño colateral que está causando, ante el que no tiene otra respuesta que hacer oídos sordos.
En ADSLZone llevamos unos meses informando de los peligros que supone otorgar a una entidad privada el poder de ordenar bloqueos dinámicos de direcciones IP a las operadoras de internet sin una supervisión judicial exhaustiva caso por caso. Cuando disparas con cañones para matar moscas, terminas arrasando con todo a tu paso, y eso es justo lo que está pasando.
Tebas, cerrando negocios
El último ejemplo de esta desproporción lo acaba de protagonizar Brasi, una pequeña marca española de lencería nacida en 2023, que se ha visto obligada a anunciar el cese de su actividad a partir del 30 de diciembre tras quedar su web inutilizable durante los bloqueos de LaLiga.
Para entender el atropello, basta con leer el desolador comunicado que el fundador de la marca ha publicado en la web oficial de la misma. Según explica, la decisión de pausar el negocio llega tras una situación incomprensible: «Una empresa que factura más de cinco mil millones de euros al año ha logrado en los tribunales el derecho de bloquear nuestra web durante las retransmisiones de fútbol nacional».
¿Cómo es posible que una modesta tienda de ropa interior acabe bloqueada por LaLiga? La respuesta está en la ignorancia con la que se aplican estos bloqueos, y es que no es el único caso en el que ha pasado esto. Lo más grave, en las últimas semanas, un hijo que no podía ver la ubicación de su padre con demencia a través del dispositivo GPS que lleva, porque también lo había bloqueado Tebas. Pero no se queda ahí, y es que incluso se ha creado una plataforma de Afectados por LaLiga, en la que se mencionan los casi 2 millones de euros que muchos comercios han perdido con estos bloqueos.
En sus primeros meses de vida, la web de Brasi sufrió constantes ataques de denegación de servicio (DDoS) procedentes de Rusia y Estados Unidos, los cuales tumbaban sus servidores. Para protegerse, su creador hizo lo que cualquier administrador de sistemas recomienda: contratar Cloudflare, el escudo de seguridad y red de distribución de contenidos más utilizado del planeta.
El problema es que servicios como Cloudflare utilizan proxies inversos, por lo que miles de páginas web legales de todo el mundo comparten los mismos rangos de direcciones IP públicas para protegerse. Cuando LaLiga detecta que una web pirata emite un partido usando Cloudflare, en lugar de bloquear ese dominio específico, exige a las operadoras españolas (Movistar, Orange, Vodafone…) que bloqueen de forma masiva todo el rango de IPs, por lo que tumban todas. Junto a la web pirata, caen miles de tiendas online, blogs y plataformas de pequeños emprendedores como Brasi, que ven su escaparate apagado en pleno fin de semana sin previo aviso, sin haber cometido ningún delito y por el simple hecho de compartir una barrera de seguridad tecnológica.
Total indefensión
El comunicado de la lencería refleja la frustración de luchar contra molinos de viento. «Mi web no se bloquea porque yo haya hecho algo mal, sino porque se bloquean rangos completos sin distinguir entre webs piratas y webs legítimas», denuncia el fundador. La desproporción es evidente. Las grandes corporaciones diseñan reglas a su medida y logran avales legales rápidos, sabiendo que un autónomo o una pyme carece del músculo financiero y del respaldo institucional para querellarse y defender sus derechos digitales.
Se ha normalizado que los pequeños empresarios asuman pérdidas incalculables por caídas de servidores en sus horas de máxima venta, todo para asegurar los derechos de emisión de un organismo privado multimillonario. Además, la pasividad de las administraciones públicas, que se pasan la pelota de un departamento a otro sin ofrecer soluciones reales frente a estos cortes de red arbitrarios, agrava la sensación de desamparo absoluto.