Doce meses. Éste es el tiempo que ha transcurrido desde que la Unión Europea diese la que todo el mundo esperaba que fuese la estocada definitiva al canon digital en España con una sentencia que lo declaraba ilegal en su actual aplicación al considerarlo abusivo e indiscriminado.
"La aplicación indiscriminada del canon en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que éstos sean adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva europea sobre los derechos de autor", explicaba con claridad el texto. De este modo, desde Europa se mandaba un mensaje claro y conciso a gobiernos como el español que no parece haberse entendido en nuestro territorio.
Así se desprende de la actuación del Ejecutivo en estas 52 semanas, en las que se ha mostrado absolutamente incapaz de suprimir una tasa que grava los soportes y dispositivos electrónicos con el fin de compensar a los artistas por el derecho a la copia privada. Cierto es que la sentencia europea se centraba en las empresas, colectivos y profesionales que utilizan estos dispositivos con otros fines más allá de la copia privada, pero ni siquiera se ha eximido aún de su pago a éstos.
El Gobierno pidió paciencia
En marzo de este mismo año la Audiencia Nacional decidía anular la Orden Ministerial que regula el canon digital al considerarlo un abuso injustificado sobre los consumidores. La respuesta del Gobierno no fue otra sino agachar la cabeza y dar largas en la elaboración de una reforma a la par que pedía paciencia para la modificación de este gravamen.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, fue una de las que más insistió en que este Gobierno modificaría la tasa, después de haberla defendido a ultranza al considerarla uno de los derechos fundamentales de los artistas. En junio llegó a afirmar que el retraso en la reelaboración de este gravamen se debía a que "el Gobierno es muy perfeccionista" y señalaba el fin del verano como momento para encontrar la nueva regulación.
Llegó el otoño y el Gobierno ha admitido que no será el actual gabinete el que proceda a su eliminación o en su defecto a la modificación. Sin embargo, en un oportunista y criticado movimiento, en su programa electoral el PSOE afirma que de revalidar su mandato tras las Elecciones Generales del 20-N suprimirá este gravamen, dejando a la clase política una vez más en evidencia frente a los ciudadanos.
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Aprovechan cualquier oportunidad para cargar contra el PSOE, y estamos en pre elecciones, así que deben de desplegar sus armas. Lo hacen bastante exagerado cada 2 años (generales/autonómicas).
No es que no haya sido capaz, es que no ha querido eliminarlo.