El político transalpino sugirió, además, posibles alternativas para salvaguardar los derechos de autor. "La solución es otra: crear un gran sitio nacional, lo que propuse hace tiempo sin ser oído, donde se pueda descargar legalmente música de forma gratuita y encontrar patrocinadores para pagar los derechos de autor", argumentó el ministro. Maroni, que es músico aficionado y tiene un grupo llamado 51 District 51, aseguró que escucha música allá donde va pero lo que más sorprendió en sus declaraciones fue cómo conseguía esa música
Ya en 2006 el mismo político admitió compartir archivos y en esta ocasión aprovechó para descriminalizar las redes P2P, asegurando que adquirir música por estas vías no es comparable a robar un CD de un supermercado, argumento utilizado por muchos profesionales de la música. "Lo único que están haciendo es tomar una copia de algo que alguien ha puesto en una red", afirmó. "Es como si el propietario del ordenador desde el que me voy a bajar la música hiciese una copia de un CD que él compró y me lo da, algo que normalmente pasa cuando compramos un CD y hacemos copias para nuestros amigos", apuntó Maroni.
Las declaraciones de Maroni no han dejado indiferente a nadie y ya se le ha criticado desde la oficina para la propiedad intelectual en Italia: "El ministro debería considerar cómo la piratería digital pone en riesgo puestos de trabajos e incrementa la pérdida de ganacias del Estado"
En los ministerios españoles también se descargan archivos vía P2P
Si bien las declaraciones del ministro italiano son sorprendentes, el intercambio de archivos en instituciones públicas parece ser más frecuente de lo que se piensa. Así, y gracias a una investigación realizada por VEO 7, en el caso de nuestro país, desde una gran parte de ordenadores pertenecientes a los ministerios se han detectado descargas de películas, archivos de música, videojuegos e incluso calendarios eróticos.
La investigación se realizó durante los meses de febrero y marzo del presente año y se concluyó que los ministerios de Defensa y Educación fueron los más prolijos en cuanto a descargas de material protegido por derechos de autor. El Congreso de Diputados y Presidencia de Gobierno fueron ajenos a estas descargas, mientras que, por contra, no de detectó este tipo de tráfico en los ordenadores de la sede del Ministerio de Igualdad.
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