La primera tanda de avisos a internautas en Francia para anunciarles que se ha detectado que desde su conexión se descarga material protegido con derechos de autor ha alcanzado los 100.000 usuarios. Según publica el diario galo Le Figaro en información de la que se hace eco El País, al día son enviadas 2.000 cartas.
Aunque puede parecer una cifra elevada a nuestros ojos, para la industria cultural francesa es mínima, ya que al día interponen 70.000 quejas sobre usuarios. "Hemos elegido voluntariamente esta proporción (del 3%) para probar el dispositivo y evaluar las reacciones", declaran desde la Comisión Hadopi, constituida por tres magistrados y 12 agentes a su servicio que analizan los casos denunciados por los poseedores de los derechos de autor. Por el momento, más del 15% de los usuarios amenazados han respondido a través de correo tradicional a las autoridades, preguntando cuál es exactamente la falta cometida, pues la obra supuestamente "pirateada" no se menciona en los correos de advertencia.
"Más de 900.000 piratas"
La industria cultural gala no parece saciada con estas amenazas y ya ha tachado la actuación de esta comisión de "ineficaz" dado que su objetivo es alcanzar los más de "900.000 piratas" que descargan estos contenidos sin pagar por ellos en Internet. De este modo, se tendrían que multiplicar por 9 los avisos enviados en esta primera ronda, aunque la segunda se producirá de forma inminente -comienzos de 2011-. Una vez finalice esta segunda fase, los que sigan reincidiendo se verán juzgados bajo la amenaza de cortar su conexión en caso de ser declarados culpables.
El modelo francés de desconexiones es un ejemplo para el lobby de la cultura en nuestro país, la Coalición de Creadores. Esta organización, presidida por Aldo Olcese, ya consideró que la Ley Sinde, rechazada en el Congreso por la oposición, era una norma "insuficiente" y amenazó con acudir a la Unión Europea para que se procediese a tomar un sistema parecido en España.
A buen seguro esta decisión levantaría duras críticas, aún más feroces que las demostradas hacia la Ley Sinde, entre la comunidad internauta y a éstas podrían unirse las de otra parte implicada y que se vería muy afectada por la medida: los operadores. Las compañías, en caso de verse obligadas a desconectar a los usuarios, perderían clientes y mostrarían su rechazo a este tipo de normas, como ya sucede en Reino Unido, donde la ley antidescargas -similar a la del modelo francés- ha sido criticada por operadores como TalkTalk y BT.
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Pues un millón de usuarios que se darán de baja.