El derecho a reparar o de reparación es una normativa que ha aprobado la UE en el año 2021 con el objetivo principal de potenciar la sostenibilidad del modelo económico apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de productos tecnológicos. Esta nueva normativa promueve una estrategia que busca alargar la vida útil de los dispositivos electrónicos con reparaciones sistemáticas rentables y atractivas para los consumidores, que favorezcan la reparación de los productos en lugar de un consumismo desmedido o la fabricación de aparatos de corta vida útil que son sustituidos al poco tiempo.
Bajo el mensaje “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores”, este derecho es un gran avance que forma parte del plan de acción del Pacto Verde Europeo de la Comisión Europea presentado el 11 de diciembre del año 2019.
Derecho a reparar: Qué es y por qué es importante
El «derecho a reparar» es una nueva normativa de la UE mediante la cual, entre otras medidas, los vendedores de electrodomésticos y electrónica de consumo han de garantizar la reparación de los productos ofertados al menos durante 10 años. Uno de sus principales objetivos es reducir los residuos electrónicos, que en los últimos años se han incrementado a altos niveles.
Por eso, los fabricantes deben asegurarse de que siga habiendo piezas disponibles para los productos comercializados al menos durante ese período de tiempo, aunque algunas de ellas solo se den a empresas reparadoras para asegurarse de su correcta instalación.
Además, otros nuevos aparatos, como televisores, secadores de pelo o lavadoras deberán contar con su propio manual de reparación, con un proceso de fabricación por medio del cual estos se puedan desmontar con herramientas convencionales para poder favorecer su reciclaje cuando no sea posible la reparación.
Ley, aprobación y texto
Esta nueva normativa fue aprobada por la Unión Europea el 25 noviembre de 2020, con 395 votos a favor, 94 en contra y un total de 207 abstenciones. Entró en vigor el año siguiente, el 1 de marzo de 2021.
Así es como se ejecuta el plan para limitar los productos electrónicos de «un solo uso» de la UE y luchar consta la obsolescencia programada, así como facilitar información sobre la capacidad de reparación de cada uno de los productos vendidos. Puedes ver toda la información sobre esta ley con la denominación “Hacia un mercado único más sostenible para empresas y consumidores” aquí, donde encontrarás el texto aprobado, así como otra información interesante.
¿Qué garantía tenemos?
Lo que busca la nueva ley es favorecer un consumo sostenible que vaya de la mano de una producción sostenible, lo que requiere que actúen y se impliquen todos los agentes económicos para su correcta implementación.
En ella se tratan diferentes conceptos como la obsolescencia programada, reparación, reutilización, derechos del consumidor, responsabilidad y otros.
La nueva normativa nos garantiza a consumidores y las empresas que estaremos perfectamente informados en toda la UE sobre nuestros derechos y medios de reparación.
Dentro del apartado de garantías, más allá de las que vienen siendo habituales hasta el día de hoy, se propone una duración de la garantía legal a la vida útil estimada de los productos. A este respecto, el gobierno en España ha aprobado una modificación en la ley de consumidores por medio de la cual la garantía pasa a ser de 3 años a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de contenidos o servicios digitales, esta será de 2 años.
Índice de reparabilidad en España
A partir de la resolución de noviembre de 2020, los Estados Miembros de la UE son los que deben tomar las medidas necesarias para que el derecho a reparar sea realmente efectivo. De esta forma, en España, el Ministerio de Consumo anunció un nuevo índice de reparabilidad consistente en una clasificación de los aparatos electrónicos y eléctricos en una escala que va de cero a diez puntos otorgados en base a 5 criterios objetivos.
Esos criterios son:
- La documentación dada por el fabricante para la reparación.
- La relación entre el producto original y el precio de las piezas de repuesto.
- La facilidad para desmontar el producto.
- La disponibilidad de piezas de repuesto.
- Otros criterios específicos en base a la categoría AEE.
Son los propios fabricantes o importadores los que han de calcular el índice de los aparatos electrónicos o eléctricos comercializados teniendo en cuenta estos parámetros. El objetivo es que se generen menos emisiones, residuos y menor demanda de recursos naturales.
Derechos del consumidor
Uno de los temas que más preocupaba a los consumidores hasta ahora, y especialmente en el sector tecnológico, es la obsolescencia programada y la sustitución de los productos en períodos de tiempo relativamente cortos. Por eso, la nueva normativa facilita una comunicación transparente y accesible a los consumidores por parte de los fabricantes sobre la estimación de vida útil de los productos que se comercializan y las posibilidades de reparación de cada uno de ellos.
Una de las propuestas, que no es obligatoria, es la creación de un etiquetado voluntario en que se informe sobre estos aspectos con un sistema de puntuación fácil de comprender e identificar por los consumidores, al igual que sucede con la clasificación energética de los electrodomésticos, pero con un índice de rendimiento ambiental en que se contemplen diferentes criterios del ciclo de vida del producto en función a su categoría.
Otro de los derechos de los consumidores es el ajuste de la duración de la garantía legal de los productos a su vida útil estimada en función de la categoría, así como ampliar el período de devoluciones a causa de no conformidad con los productos adquiridos. Asimismo, se propone un mecanismo de responsabilidad conjunta de las garantías para fabricantes y vendedores.
En lo que se refiere a productos electrónicos con componentes digitales, se han de regular aspectos como la existencia de actualizaciones de software de conformidad y seguridad a lo largo de toda la vida útil estimada del producto en cuestión. Las actualizaciones deben ser reversibles y no han de reducir el rendimiento del producto. El fabricante informará sobre el tiempo en que se facilitarán las actualizaciones de los programas adquiridos.
Estrategia de recuperación
La estrategia de reparación de los productos tecnológicos empieza en el propio momento de compra, en que se debe informar sobre las posibilidades de reparación del producto y la disponibilidad de las piezas de recambio, así como las actualizaciones de software requeridas en su caso.
Otra recomendación de la norma es la inclusión de información sobre los plazos aproximados de reparación, entrega, servicios disponibles de mantenimiento y reparación, así como precio de las piezas de recambio.
Para conseguir reparaciones rentables, sistemáticas y atractivas de acuerdo con las medidas adaptadas sobre diseño ecológico, es necesario que los consumidores y agentes reparadores tengan información sobre piezas de recambio, herramientas de diagnóstico, programas informáticos y actualizaciones precisas para el correcto mantenimiento y reparaciones.
Además, el período mínimo del suministro de piezas de recambio será de 10 años, con un precio razonable de estas y una estandarización que permita promover la interoperabilidad e innovación.
Se favorecerán aspectos como la extensión de garantías o reinicio de períodos de cobertura para los consumidores que quieran reparar sus productos, así como otros incentivos para favorecer las reparaciones tras el vencimiento de la garantía legal establecida.
Piezas de repuesto
Una de las principales novedades que conlleva esta normativa a principios de marzo del 2021 se refiere a las piezas de repuesto. Para productos como lavadoras, secadoras, frigoríficos, lavavajillas y fuentes de luz, entre otros, las piezas de recambio disponibles en el mercado deben estarlo al menos en un período mínimo de 7 a 10 años desde la venta de este producto en función del aparato del que se trate.
Una de las principales deficiencias de esta normativa es que en algunos casos estas piezas deben estar disponibles solo para reparadores profesionales, para asegurarse la perfecta instalación de estas, sin embargo, no lo están para los consumidores, algunos de los cuales preferirán comprar un producto nuevo antes que pagar una cantidad más elevada de la que desean por la reparación del producto.
La mayoría de los repuestos no podrán ser adquiridos por el consumidor, pese a que esté capacitado para hacer esta reparación, lo mismo que sucede con algunos datos de mantenimiento de estos productos que no son accesibles a todo el mundo. Las posibilidades de reparación se ven limitadas por ello.
