Este país se pone duro con el IPTV pirata: hasta 20 años de cárcel

El IPTV pirata se ha convertido en la amenaza más seria en pocos años para los titulares de derechos sobre contenidos. Esta tecnología facilita al máximo el acceso a contenido pirata, necesitando únicamente una conexión a Internet, un dispositivo para reproducir IPTV (que puede ser el móvil) y una suscripción que se venden desde 10 euros. Este es el coctel perfecto para que sea la principal preocupación de muchos, entre ellos las grandes ligas deportivos o los gigantes del streaming.

Por el momento, la mayoría de los países están actuando contra las redes encargadas de ofrecer los servicios y, rara vez, contra el usuario final. Creen que “apagando” los servidores se soluciona el problema, pero lo cierto es que la bola de nieve cada vez es más grande. Dejando de lado el tema del precio que tiene mucho que ver en este auge, lo cierto es la simplicidad para el usuario tampoco ayuda a disminuir su presencia en el mercado.

Malasia te meterá hasta 20 años en la cárcel

Malasia quiere tomar la delantera a nivel mundial en la lucha contra el IPTV pirata. Sin ir más lejos, el pasado mes de mayo conocimos que su alto tribunal determinó que la venta y distribución de dispositivos configurados para piratear contenido protegido constituía una infracción del copyright.

Sin embargo, la cosa no iba a terminar ahí. Malasia ha puesto sobre la mesa algunas modificaciones legales para acabar directamente la subida ilegal, la provisión y el intercambio de acceso a obras protegidas por derechos de autor. Esta misma semana aprobó una enmienda al proyecto de ley de derechos de autor con varias novedades.

Según han declarado: “La Ley 332 se enmienda para garantizar que las leyes de derechos de autor implementadas proporcionen una protección más eficiente y eficaz de acuerdo con las demandas actuales y para satisfacer las necesidades de la comunidad empresarial y las partes interesadas”.

A nivel de multas, se impondrán sanciones a todos los que vulneren esta nueva legislación. Estas sanciones no serán inferiores a 10.000 ringgit, unos 2.400 dólares, pero nunca podrán superar los 200.000 ringgit, cuyo equivalente serían unos 47.500 dólares. Todo dependerá del tipo de vulneración y de la pérdida generada a los legítimos dueños de los derechos.

Por si fuera poco, también hay penas privativas de libertad que podrían llegar a los 20 años de prisión en los casos más graves. Esta es una cifra asombrosa que busca disuadir al máximo cualquier tipo de actividad de este tipo en el país. Sin embargo, ha abierto un debate ya que se trata de una pena muy elevada más propio de otro tipo de delitos.