Día con dos noticias sobre IPTV pirata. Como ya os hemos explicado en más de una ocasión, esta actividad se ha colocado como el objetivo principal de coaliciones antipiratería, productoras, televisiones y plataforma en streaming. La sencillez de acceso es su principal arma, además de ser un lucrativo negocio para el que lo operara. La última operación de la Policía Nacional nos lleva a la Región de Murcia dónde se ha cerrado un IPTV pirata con 1.300 clientes y 300 canales de televisión de pago, además de proceder a la detención de sus responsables.
Acabamos de conocer la última operación policial contra la piratería de contenidos de televisión de pago que se ha desarrollado en nuestro país. La Policía Nacional suele publicar todos los logros en este terreno conforme se producen las detenciones. Normalmente, esta es la culminación de operaciones iniciadas hace varios meses y que tienen una importante investigación detrás.
IPTV pirata en Beniaján y alrededores
La Policía ha detenido a los dos responsables de una web que supuestamente ofrecía de forma fraudulenta canales de televisión de pago. Se estima que tenía 1.300 clientes de Beniaján (Murcia) y otras poblaciones limítrofes. Además, se calcula que su actividad habría ocasionado un perjuicio económico a los legítimos titulares de los derechos de más de 2.145.000 euros.
Todo esto surge de una denuncia presentada en 2019 en la que se hablaba de la existencia de un servicio irregular que estaba ofreciendo multitud de canales de acceso condicional sin autorización de los legítimos titulares. En un primer momento se confirmó que la web ofrecía servicios de telefonía e internet a una amplia región de Murcia, además de suscripciones mensuales a una amplia parrilla de canales de televisión.
Con toda esta información, se procedió a registrar la sede del operador local y se detectó la emisión de 78 canales, de los que 20 se estaban emitiendo sin autorización. Se comprobó también que aprovechaba toda su infraestructura para ofrecer un listado más amplio a sus clientes, incluyendo canales de los que no disponía de autorización.
En total, se estima que pudo llegar a emitir más de 300 canales de pago en algún momento de su actividad, muchos de ellos sin autorización. La forma de hacerlo era capturar la señal utilizando un contrato legal como particular. Posteriormente, la distribuía ilegalmente a sus clientes que pagaban mediante pagos en efectivo en el local o transferencia bancaria. Todo esto generó pérdidas de más de 2.145.000 euros a los titulares de los derechos.