Asturias se muere.

El blindaje de los funcionarios: casi imposible despedir a un delincuente

Despedir a un funcionario resulta “muy difícil”, aunque delinca, porque la ley es muy exigente y garantista. Lo afirma el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, y lo corroboran hechos como que siga en su puesto un guarda del medio natural implicado en cacerías ilegales –la última esta misma semana en la sierra del Sueve– y con múltiples sentencias condenatorias y sanciones a sus espaldas, que suman veinte años de inhabilitación para actividades cinegéticas (no puede cazar hasta 2031). “Los funcionarios están blindados”, resaltan fuentes del Ejecutivo de Adrián Barbón. Pero, aunque la separación temporal del servicio suele ser la medida más dura que impone la Administración para castigar conductas reprochables de sus empleados, ya sean delictivas o no, el Principado sí ha expulsado a funcionarios.

Adicciones como la ludopatía, el alcoholismo o la drogadicción, situaciones de acoso sexual y laboral, sexo en el lugar de trabajo o simples hurtos y robos están detrás de muchos de los casos de empleados públicos a los que se han impuesto sanciones en las últimas décadas en Asturias. En situaciones de naturaleza distinta, como padecer enfermedades mentales que afecten al normal desempeño del trabajo o mostrar agresividad, la Administración suele optar por soluciones menos drásticas: facilitar bajas prolongadas o, llegado el caso, jubilar al afectado. Pero también hay casos de expulsiones, suspensiones o traslados forzosos que han sido calificados por los afectados como “persecución política” o “acoso laboral”.

Uno de los casos de sanción a un funcionario que más polémica provocó en Asturias fue el de Ricardo Soto, “Calo”, propietario de la Escuela Asturiana de Piragüismo y guarda del Principado de la sección de montes sin ninguna responsabilidad en los ríos. Todo comenzó en la segunda mitad de los años noventa, cuando el cangués intervino en la agria polémica que mantenían entonces los pescadores y los piragüistas por el uso del río Sella. Francisco Álvarez-Cascos, pescador y, sobre todo, por entonces vicepresidente todopoderoso del Gobierno de Aznar, intervino en la polémica afirmando que en ningún lugar de Europa se permitía la práctica del piragüismo en ríos salmoneros. Entonces Calo Soto declaró que Cascos era “o un ignorante o un mentiroso” porque sí se permitía en aquel momento, y se sigue permitiendo ahora, esa práctica deportiva en casi todo el continente. Ahí empezaron los problemas del guardabosques.

La Consejería de Agricultura (el Gobierno regional aún era del PP, no había estallado la crisis comandada por Cascos que dinamitó desde dentro el Gobierno del popular Sergio Marqués) abrió a Calo Soto a las pocas semanas un expediente por incompatibilidad de su empleo público (en el monte) con su actividad empresarial (en el río). En un caso único en la autonomía asturiana, el Principado resolvió en tres días: sancionó a Calo Soto con tres años de suspensión de empleo y sueldo. El empresario, pionero en Asturias del descenso turístico en canoas junto a su hermano Antonio, Ton, decidió dejarlo estar y no recurrir al Juzgado. Pese a que siempre ha defendido que fue víctima de una “persecución política”, decidió abandonar la función pública y dedicarse plenamente a sus negocios empresariales.
 
Calo Soto ya no se incorporó más a la guardería del Principado, pese a que poco antes de la expulsión había superado un curso de promoción a un grado superior y a que aún podría volver al funcionariado en cualquier momento.

El cangués recuerda que fue testigo en su día de cómo algunos guardas del Principado participaban en batidas contra el lobo portando armas de caza y sobre nieve (ambas cosas ilegales en Asturias), y así lo denunció tanto en la Consejería con ante la Guardia Civil. “Lo que es injusto es meter a todos los guardas en el mismo saco, porque la mayoría de ellos son honestos y buenos profesionales”, concluye el empresario cangués.

Otro caso sonado, y que también fue calificado como una “persecución política” en algunos ámbitos, fue el que afectó a Rodrigo Suárez Robledano, director del parque nacional de los Picos de Europa, que fue apartado de ese cargo el 31 de octubre de 2018 por orden del que fuera consejero de Infraestructuras en el Gobierno de Javier Fernández, el socialista Fernando Lastra, hoy senador. La destitución se justificó por la “pérdida de confianza” hacia Robledano y por la supuesta necesidad de dar “un nuevo impulso al espacio protegido”, según la versión oficial.
Robledano interpuso un recurso contencioso-administrativo contra su cese y ganó la contienda, tanto en un Juzgado ovetense como en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por lo que tuvo que ser repuesto en el cargo, que aún sigue ocupando.

Pero, políticos aparte, hay otras causas que han metido a otros empleados públicos en serios atolladeros profesionales. La ludopatía llevó a un trabajador del Principado, un laboral fijo de un geriátrico público de Gijón, a apropiarse 16 millones de pesetas (96.000 euros) que fue sacando de las cartillas de varios residentes, que ellos o sus familiares entregaban al Principado para el abono de su estancia. Su caso, que se remonta a la década de los años noventa del siglo pasado, trascendió por una autoconfesión del propio empleado público de lo más peculiar: su conversión religiosa. Su nueva creencia le impedía seguir con esas prácticas, de las que estaba sinceramente arrepentido. Confesó ante la Policía y devolvió el dinero sustraído, pero en este caso sí fue despedido.

En la Residencia Mixta de Gijón también recuerdan el caso de otro empleado que, hace más de veinte años, se dedicaba a sustraer ansiolíticos y medicamentos para luego venderlos por correo en países como Holanda. La Interpol dio la alerta porque algunos de esos envíos incluso se franquearon en sobres con el membrete de la Administración autonómica. El trabajador fue detenido, cumplió condena y la deuda con la sociedad, y acabó reintegrándose a su puesto de trabajo.
 
El alcohol está detrás de algunas de las conductas que la Administración regional se ha visto obligada a sancionar. Por ejemplo, la de una limpiadora de un instituto del Occidente, que tras ser conminada por la directora del centro a mejorar una determinada tarea, golpeó a la docente con el palo de la fregona, provocando heridas que obligaron a poner varios puntos de sutura a la víctima. La respuesta de la Consejería de Educación fue cambiarla de destino al otro extremo de Asturias, a la zona del Oriente.

También se han dado diversos casos de robos y hurtos en el interior de centros educativos asturianos a cargo de personal, cuya autoría fue aclarada tras colocar cámaras de grabación que revelaron, por ejemplo, cómo una empleada sustraía el dinero del interior de un cajetín del teléfono. Fue sancionada por ello.

El traslado forzoso suele ser otra de las fórmulas a las que recurre la Administración de turno cuando la conducta no tiene la tipificación de delito, pero se quiere poner tierra de por medio con el empleado público. En el servicio de Carreteras del Principado, bastantes años atrás también, se optó por el traslado de un operario con problemas de alcoholismo, al considerar que podía ser “un peligro para sus compañeros porque muchas veces llegaba al trabajo ebrio”.

Algún empleado público condenado en la región por un delito de robo, varias décadas atrás, incluso pudo beneficiarse de un indulto por parte del Ministerio de Justicia. Y pudo regresar a su puesto en la Administración autonómica.

La suspensión de empleo y sueldo, por un plazo de tiempo que depende de la irregularidad cometida, es otra de las herramientas de las que ha tenido que echar mano el Principado en más de una ocasión. Lo hizo, por ejemplo, con una persona de su plantilla que mantuvo relaciones sexuales consentidas en el transcurso de su jornada laboral y en dependencias oficiales, un asunto en el que la Administración optó por la máxima discreción para evitar perjudicar a terceras personas.

Otro caso que levantó mucha polémica fue el del guarda coañés Xurde Gayol, ya jubilado, que vivió un auténtico vía crucis en 2018, cuando fue expedientado por el Principado tras publicar en una red social un vídeo en el que denunciaba que a algunos de sus compañeros tenían “el gatillo fácil”, en referencia a su afán por abatir lobos.
La instructora del Principado pidió que se suspendiera de empleo y sueldo a Gayol durante 15 días por haber grabado el vídeo con el uniforme de guarda del medio natural. Pero a los dirigentes de la Consejería de Infraestructuras (del Gobierno de Javier Fernández) no les parecieron suficientes esos 15 días y al final acabaron sancionándolo con tres meses de empleo y sueldo y pérdida de destino. Gayol, que recibió apoyo ciudadano (hubo concentraciones de protesta en su defensa) se fue al Juzgado y obtuvo una victoria parcial: acabó condenado a un mes de suspensión de empleo y sueldo por vestir uniforme de agente de la autoridad durante la grabación del vídeo que difundió, pero mantuvo su destino.

El despido supone el último recurso para la Administración, que en casos graves suele recurrir en primera instancia, siempre que es posible, a la separación del servicio durante un tiempo que varía en función de la gravedad del delito o la falta cometida. Cuando ya no hay margen para los traslados forzosos de destino a más de cien kilómetros, ni para suspensiones temporales de empleo y sueldo, quedan pocas alternativas, pero una de las más socorridas suele ser el traslado del expedientado a otra comunidad autónoma.

Pero si la conducta fue grave sí cabe el despido fulminante. Son casos contadísimos. Pero haberlos haylos. Como el de un funcionario de la Agencia Tributaria en Asturias que destacaba año tras año en las estadísticas por resolver el mayor número de declaraciones de la renta (IRPF) de todo el país. Parecía que hacerse merecedor del título de empleado del mes, pero en su elevada productividad había una oscura intención: dada la información privilegiada de la que disponía, esperaba al último momento para grabar declaraciones que tenían derecho a pequeñas devoluciones que sus titulares, generalmente personas de avanzada edad, no reclamaban. El empleado en cuestión formalizó muchísimas de declaraciones, pero ordenaba ingresar la devolución en una cuenta a su nombre. Así, pellizco a pellizco, iba haciéndose un capital. Tras ser “pillado” fue condenado y apartado definitivamente de la función pública.

Pese a todos estos casos, y bastantes más, no resulta fácil para la Administración apartar a delincuentes cuando forman parte de la plantilla funcionarial. Si un funcionario público es objeto de una condena de hasta tres años queda suspendido de empleo y sueldo; si la sanción se sitúa entre tres y diez años, además de empleo y sueldo pierde su destino. Solo si la sanción supera los diez años pierde su condición de funcionario.
La ley, además de garantista, señala con detalle todos los casos en los que un funcionario puede ser sancionado con una falta muy grave, que puede implicar su despido.

Pero a veces resulta muy complicado –incluso imposible– encajar el delito cometido en cualquiera de los 14 hechos que la ley contempla como falta muy grave. Porque como faltas muy graves se consideran hechos como el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de la función pública; la discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el abandono del servicio; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales así declarados por ley o clasificados como tales; la notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas; o los casos limitativos de la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones.

¿Cómo encajar en ese listado una cacería ilegal como la que protagonizó supuestamente un guarda del Principado esta semana? El único apartado en el que podría ajustarse sería quizás en el que sanciona “la adopción de decisiones manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración del Principado o a los ciudadanos”. Pero varios abogados consultados no acaban de ver claro el encaje.
Tampoco entre las faltas graves (tres en un año se convierten en una muy grave) aparece un apartado que se ajuste claramente con los hechos ocurridos en el Sueve que investiga el Seprona. El más cercano sería el “incumplimiento, con negligencia grave, de los deberes y obligaciones derivados de la función que le sea encomendada”. Pero tampoco ven los profesionales del derecho fácil encaje en este apartado la participación en un acto de furtivismo. El blindaje funcionarial es muy resistente

Fuente: LNE
 
Cuanta estupidez y despilfarro cabe en españa, parece que no hay límite.
 
Hoy que la orquesta del principado ya tiene más mujeres que hombres, y que hay instrumentos tradicionalmente de hombres que ya los tocan mujeres

oiii que bien, que mayorcitas somos, cuanta parida digo paridad hemos alcanzado

si es que era la ilusión de mi vida tocar el contrabajo en una orquesta llena de tías
 
No, no, mejor parida, mucha parida,, y ahora en consejo de ministres 20.000 millones de más parida para la ministeria de igualdá, para obligar a que los hombres planchen y limpien el baño, porque españa va muy sobrada de dinero y es muy fachamachista.
 
A mi nieto de 10 años le ha tocado este año seño feminista.

El problema es que la madre, mi hija, doctorada y profesora titular en la facultad, primera de su promocíon, se ha pillado un buen rebote con eso de la paridad y tiene pensado hablar con la seño, para decirle que está liando al niño y que, con las cosas que le cuenta, le va a hacer pensar que su madre está donde está no por lo que vale o ha trabajado sino por ser mujer.

De todas formas mi nieto es tan listo que no creo que la seño lo pueda confundir.
 
De todas formas mi nieto es tan listo que no creo que la seño lo pueda confundir.
Eso es amor de abuelo, y la suerte de tu nieto por tener la familia que tiene, que ahí es donde se aprenden valores morales.

Y exactamente, eso es, creo que este feminismo ofende a la propia mujer, como si fueran seres inferiores que necesitan ser ayudadas, y entiendo que una mujer como tu hija esté enfadada. En la escuela no se debe adoctrinar en nada, solo enseñar lo que deben, que cada vez tenemos peor nivel educativo en españa, y con los maestros mejor pagados de europa, pero nada, esto es lo que hay, la estupidez progre "progresa adecuadamente".
 
Y exactamente, eso es, creo que este feminismo ofende a la propia mujer, como si fueran seres inferiores que necesitan ser ayudadas

Exactamente, se cambió el paternalismo masculino por el estatal, ahora parece que somos tontinas y que el estado nos tiene que llevar de la mano en todo

Dicho sea de paso el anterior también era estatal porque fue el estado (a través del código civil de 1889) el que impuso el predominio del hombre sobre la mujer y de la familia nuclear sobre la extensa

Feministas eran Marie Curie o Amelia Earhart o George Sand, mujeres que rompían moldes y se imponían por su capacidad, no esta colección de cebonas mantenidas que solo saben poner la mano, feministas fueron las sufragistas que soportaron palos, desprecios y cárcel, era un movimiento revolucionario que no tiene nada que ver con esta feminancys de salón y este feminismo de estado

PD lo de feminancys lo digo por decir, porque la mayor parte de ellas son más feas que un día sin pan jo jo jo
 
A mi nieto de 10 años le ha tocado este año seño feminista.

El problema es que la madre, mi hija, doctorada y profesora titular en la facultad, primera de su promocíon, se ha pillado un buen rebote con eso de la paridad y tiene pensado hablar con la seño, para decirle que está liando al niño y que, con las cosas que le cuenta, le va a hacer pensar que su madre está donde está no por lo que vale o ha trabajado sino por ser mujer.

De todas formas mi nieto es tan listo que no creo que la seño lo pueda confundir.

Solamente tiene que ver a la ministra, que llegó a su puesto no siendo primera de su promoción ni teniendo la menor excelencia académica he he
 
No te sientas maltratada, que muy pronto se pagará en todas, en sanchinflés es armonización intercomunidades.
 
Esto provocaba revueltas en el antiguo régimen, así empezó la revolución francesa

Ya tiene bemoles que un país con decenas de miles de km2 de campos de trigo en Castilla haya que traer harina de los países del este, lo que no consiga este gobierno ....... si los pusieras a gestionar el Sahara en 4 años conseguían que hubiera deficit de arena

 
Lo de sanchinflas es insuperable en todo lo que gestiona, pero la PAC de la unión europea también tiene bemoles, también contribuye al desastre con absurdas subvenciones a cultivos cuya única razón de ser es la subvención. PAC que se lleva más de la mitad del presupeuesto de la UE para beneficio sobre todo de agricultores franceses y alemanes.
 
Lo de sanchinflas es insuperable en todo lo que gestiona, pero la PAC de la unión europea también tiene bemoles, también contribuye al desastre con absurdas subvenciones a cultivos cuya única razón de ser es la subvención. PAC que se lleva más de la mitad del presupeuesto de la UE para beneficio sobre todo de agricultores franceses y alemanes.

Claro, porque son Francia y Alemania las que están sentadas en la cabina de mando de la UE
 
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