El intercambio de archivos P2P podría ser ilegal si se elimina el derecho a copia privada

Una de las consecuencias más destacables de la posible aprobación del borrador filtrado con los planes del Gobierno para legislar en materia de propiedad intelectual podría ser la consideración de las descargas por Internet como un delito aunque éstas se hagan sin ánimo de lucro.

El borrador filtrado por Pirates de Catalunya sobre la intención del Ejecutivo en su reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sigue generando polémica. En su obsesión por regular las descargas en Internet y complacer a la industria cultural y del entretenimiento, el Gobierno se plantea tomar una medida de lo más controvertido como es acabar con el derecho a copia privada.

Por el momento, los ciudadanos españoles tenemos derecho a "realizar una copia de una obra, sin que sea necesario obtener autorización expresa por parte del autor y demás titulares de derechos de propiedad intelectual siempre que sea de una obra ya divulgada, realizada por una persona física para su uso privado, que se haya accedido legalmente a la obra, y que la copia no tenga fines ni colectivos ni lucrativos". De este modo, no supone ninguna ilegalidad contar con copias privadas de ciertos contenidos incluso si no contamos con el original, por lo que las descargas e intercambio de archivos a través de redes P2P no son consideradas delito siempre que no se haga un uso comercial.

Sin embargo, la medida que se introduce en el borrador daría pie a que solo las personas físicas pudiesen hacer copias y siempre para un uso privado, por lo que quedarían prohibidas las copias de otras copias o las fuentas de comunicación que permitan discriminar previamente qué se está copiando. Así pues, las citadas descargas no estarían amparadas por el derecho a copia privada y solo se permitirían las grabaciones de programas televisivos o de radio.

La medida sería el paso necesario para que la industria pasase a perseguir a los usuarios de redes P2P al igual que se hace en otros países con severas leyes antipiratería. Hasta ahora las compañías no podían pedir a los operadores las direcciones IP de usuarios de P2P al ser un dato protegido, pero con la reforma se abrirían las puertas para pedir esta diligencia preliminar en un proceso civil, tal y como leemos en Libertad Digital.

El sinsentido de mantener el canon

Por si fuera poco, el fin del actual derecho de copia privada no vendría acompañado del cese en la compensación económica a los autores. Los ciuadanos seguiríamos pagando el canon digital -ahora incluido en forma de partida económica en los Presupuestos Generales- a las entidades gestoras de derechos de autor. Esto supone una enorme contradicción, puesto que esta fórmula compensatoria tenía cierto sentido con la existencia del derecho a la copia privada, pero si éste no existe queda totalmente en entredicho esta necesidad de compensar a los autores por algo a lo que la ciudadanía dejaría de tener derecho.