Defenderse de las acusaciones de piratería en EEUU costará al usuario 35 dólares

Estados Unidos quiere ser ejemplo en la lucha contra la piratería. Utilizando el sistema conocido como "Six strikes" (seis avisos), el país norteamericano intentará frenar las descargas vía P2P implicando a los operadores en el proceso de persecución de los usuarios, los cuales tendrán que pagar 35 dólares para revisar su caso si se consideran inocentes.

El nuevo sistema de avisos que será realidad en EEUU en unos días abre nuevas polémicas. Se trata de un intento implacable que busca atemorizar a los usuarios que descargan a través de redes P2P o mediante cyberlockers obras protegidas con derechos de autor. Para ello se han implicado los principales operadores de banda ancha fija del país (AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable y Verizon) con el papel de policías de la Red, puesto que informarán de las descargas de contenidos con copyright a los propios usuarios para que cesen en esta actividad.

En un primer momento, las alertas a los usuarios serán meramente informativas, pero si el cliente persiste en la descarga de ciertos contenidos se aplicarán sanciones que irán desde el envío de "material educativo" a la ralentización de la velocidad de su conexión. Además, los operadores podrán llegar al punto que contemplan leyes antipiratería como la Ley Hadopi en Francia y desconectar al usuario tras el periodo de avisos.

¿Presunción de inocencia?

Si esto ya puede resultar controvertido, el hecho de que los usuarios tengan que pagar por "revisar su caso" de una forma independiente ha suscitado múltiples críticas a la medida. Cada apelación tendrá un coste de 35 dólares (26,7 euros) y con ello se cubrirán los gastos que supone comprobar si se ha descargado material con copyright o no. Sin duda, una medida que deja abandonada en el camino cualquier presunción de inocencia, ya que es el usuario el que tiene que demostrar que no infringe los derechos de autor.

Con el cobro de esta tasa se busca reducir al mínimo el número de apelaciones por parte de los usuarios y que de este modo el sistema sea más "eficiente" en su lucha contra los piratas. Aunque el modelo no ha sido impulsado desde el Gobierno, no sería de extrañar que otros países sí decidiesen imitarlo e introducirlo en su legislación, especialmente aquellos que persiguen el P2P. De momento en España no hay motivos para temer, pero insistimos: de momento.