El derecho a copia privada podría peligrar en España. Así se desprende de las últimas declaraciones del presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), quien ve posible que el Gobierno tome esta medida como alternativa al fin del canon digital.
El portal Vanitatis
se hace eco de las palabras de Alejandro Perales, presidente de la AUC,
y en las que alerta sobre la resolución definitiva que podría tomar el
Ministerio de Cultura para dar carpetazo al canon digital. Recordemos
que una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno para cumplir
su promesa electoral de poner fin a esta tasa aplicada a
dispositivos y soportes electrónicos con el fin de compensar el derecho a
copia privada de los usuarios fue recolocarla en forma de partida
incluida en los Presupuestos Generales.
Con este movimiento la recaudación de las sociedades de gestión de derechos de autor se vio drásticamente reducida. Como vimos hace unos meses, en concreto estas entidades como la SGAE han pasado a recibir 5 millones de euros en lugar de los 115 millones
que ingresaron por este motivo en 2011. Este hecho hizo que las
sociedades reclamasen la vuelta al modelo anterior, una petición que han
mantenido también algunas compañías discográficas recientemente y que
consideran que el Gobierno solo beneficia a las empresas tecnológias al
suprimir este gravamen.
Sin embargo, desde la AUC se plantea un
panorama muy distinto y que consideran que está estudiando el Ministerio
de Cultura. Esta asociación teme que la única salida al conflicto pase
por la prohibición del derecho a copia privada como se da en países como Irlanda o Reino Unido. Perales considera que con esta medida «se estaría criminalizando a los usuarios por acogerse a un beneficio del que han disfrutado desde hace muchos años».
De hecho, en caso de poner fin a este derecho, el usuario incumpliría la ley cada
vez que, por ejemplo, hace una copia de un DVD o CD con contenido con
derechos de autor aunque sea para su uso personal y aunque disponga del
original. Por otro lado, con la eliminación del derecho, el Estado no
tendría que establecer la partida presupuestaria dedicada a las
entidades.
Conviene recordar que la postura mantenida en este sentido por la SGAE siempre
ha pasado por dar su apoyar el derecho a la copia privada si existe una
compensación a los autores, por lo que sería lógico que la entidad
apoyase al Gobierno en este sentido. Sin embargo, ¿qué pasará con una de
sus principales fuentes de ingresos? ¿Acabaría defendiendo el derecho a
copia privada para no verse privada de millones de euros al año? Varias
y muy retorcidas preguntas que plantea una opción que podría tener
consecuencias muy importantes en los derechos de los usuarios y sobre la
que por el momento el Gobierno calla.