Multa de 450000 euros por captar clientes para Jazztel de forma fraudulenta

La denuncia de 22 personas, canalizada a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Córdoba, ha dado su resultado. Después de que fueran dados de alta, sin su consentimiento, en Jazztel, se inició un proceso de reclamaciones que desveló la actuación «fraudulenta» de la empresa subcontratada Redes Sistelcom por la operadora para la captación de clientes.

Todo comenzó en 2004, cuando el Ayuntamiento comenzó a recibir reclamaciones de ciudadanos, generalmente de avanzada edad, a quienes les habían cobrado unas facturas de Jazztel por un servicio que ellos no habían contratado.

(El dia de Córdoba) El número total de personas afectadas en Córdoba no se conoce, puesto que algunos se pusieron en contacto directamente con la compañía telefónica. En la oficina del consumidor se recibieron 22 reclamaciones que fueron canalizadas en enero de 2005 hacia la Agencia Española de Protección de Datos. Este ente se puso en contacto con Jazztel, que le contestó que todas las denuncias presentadas fueron dadas de baja automáticamente. La investigación realizada detectó que esta compañía telefónica contrató en agosto de 2003 con Redes Sistelcom la captación de clientes para sus productos. Esta última sociedad procedió «de forma engañosa y fraudulenta» a hacerse con contratos que presuntamente fueron firmados por los denunciantes.

Según señalaron en su momento algunos de los denunciados, los empleados de la empresa subcontratada llegaban a sus domicilios sin llegar a explicar con claridad cuál era el objetivo de su visita. Hacían referencia a una mejora en el servicio telefónico que finalmente resultaba ser la contratación de un alta en Jazztel sin ser consciente de ello.

La operadora de telefonía, en cuanto tuvo conocimiento de todo lo ocurrido, rescindió el vínculo contractual con Redes Sistelcom y procedió a resarcir a los perjudicados. Pese a esta actuación, la Agencia Española de Protección de Datos le ha impuesto una multa de 90.000 euros por aparecer en los contratos como prestadora del servicio y responsable última de la custodia de los datos.