Los 4 puntos clave que deslegitiman a la Ley Sinde

Los 4 puntos clave que deslegitiman a la Ley Sinde

Redacción

La norma antidescargas española hace aguas. Así lo ha demostrado el abogado David Bravo en una carta pública remitida al actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, donde explica por qué no funciona esta ley y cómo ésta carece de legitimidad en nuestro actual sistema.

El conocido abogado David Bravo ha sido una de las principales voces críticas contra la llamada Ley Sinde-Wert desde que se conociesen los planes del anterior Gobierno para combatir la llamada «piratería» en Internet. El letrado ha vuelto a mostrar su rechazo público a la ley con un escrito en el que detalla los cuatro puntos clave para entender por qué se trata de una norma inútil, intentando que el propio ministro de Cultura, defensor e impulsor de la ley junto con la exministra Sinde, entienda la verdadera realidad de una ley que ha sido vendida como tabla de salvación de la industria cultural.

Los peores temores de los críticos con la Ley Sinde-Wert se han hecho realidad a partir de la entrada en vigor de la norma en marzo de este año. Los casos prácticos de webs denunciadas amparándose en esta ley han demostrado fuertes carencias en el sistema que impone. En primer lugar ha quedado patente la ausencia de una figura judicial en el proceso. A diferencia de lo defendido por los impulsores de la norma, la figura del juez y su inherente función de repartir justicia brilla por su ausencia.

«En el día en el que escribo estas líneas he recibido una resolución definitiva de la Comisión Sinde y puedo asegurarle que no he visto un juez por ninguna parte«, señala el abogado acerca de esta cuestión, quien pregunta a los impulsores de la ley «¿con qué clase de radicales de la industria se han reunido ustedes para que les convenzan de que es una buena idea quitar de en medio a los jueces que no les dan la razón?».

Otra de las quejas se refiere a la señalada Comisión de Propiedad Intelectual y la incapacidad real para comunicarse con ella. Bravo se queja de los numerosos problemas para presentar alegaciones por Internet dados los continuos fallos del sistema creado para ello. «Envié mis alegaciones a través de su web y me las rechazó porque tienen algo así como un limitador de caracteres», asegura el abogado. «¿Un procedimiento sin juez que además cuenta el número de caracteres para que no me enrolle? A eso le llamo yo derecho a la defensa», ironiza el letrado.

Asimismo, reitera que no se conoce quién compone la Comisión, lo que va en contra de la actual ley española. «El reglamento ni siquiera impone el requisito de que los miembros de la Comisión sean juristas titulados, es lógico que nos interese saber si aquellos a los que estamos hablando entienden una sola palabra de lo que estamos diciendo», explica Bravo. Recordamos en este punto que sería imprescindible conocer quién está detrás de la Comisión, ya que podría estar relacionado con intereses económicos para cerrar las webs denunciadas, algo totalmente ilegítimo en nuestro actual sistema.

Para finalizar, insiste en la inutilidad de la Ley Sinde-Wert, que asegura que «no sirve para nada». «Soy de los que piensan que si para conseguir que la gente no descargue música tienen que sacar una ley nueva cada tres meses, entonces es que es el momento de pensar en otra cosa«, indica el abogado sobre las palabras de Wert que cuantificaba en tres meses el periodo de caducidad de las leyes antidescarga ante el rápido avance de Internet. «Empiecen a pensar en un sistema de remuneración para paliar los efectos de las descargas y no en el ya demostrado inexistente mecanismo legal para frenarlas«, sugiere. No obstante, mucho nos tememos que ni estas interesantes líneas servirán para acabar con una cerrazón en la clase política española que ha vuelto a demostrarse chapucera hasta el absurdo con esta norma antidescargas.

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