Wert reconoce que la Ley Sinde no sirve para garantizar la propiedad intelectual

"Ninguna ley puede garantizar la propiedad intelectual más de tres meses debido a la velocidad de la tecnología". Con estas palabras ha reconocido el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, la imposibilidad de controlar las descargas en Internet mediante normas como la Ley Sinde. ¿Qué sentido tiene su existencia?

En diciembre de 2009 se conocía el proyecto del Gobierno (por entonces del PSOE) para atajar las descargas de contenidos protegidos con derechos de autor. Las primeras críticas a lo que pronto se conoció como Ley Sinde en honor de su principal impulsora, la entonces ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, no se hicieron esperar. A pesar de ello, la decisión de atajar la llamada "piratería" mediante el cierre de páginas web de enlaces a través de un órgano administrativo fue firmemente aplaudida por parte de la clase política y la inmensa mayoría de la industria cultural.

Después de dos años de trámites la Ley Sinde entró en vigor el pasado mes de marzo tras haber sido aprobada por el nuevo Gobierno del Partido Popular. Las denuncias contra páginas web por albergar enlaces a obras con copyright no tardaron en llegar a la Comisión de Propiedad Intelectual. La industria se frotaba las manos y el actual ministro de Cultura, José Ignacio Wert, se regodeaba por el supuesto éxito que iba a tener.

Sin embargo, meses después y sin que aún se haya cerrado ninguna web, el propio ministro Wert admite que la norma no puede proteger la propiedad intelectual. Para ello reconoció el mismo argumento que tantas veces se ignoró desde las altas esferas ha acabado por ser reconocida por un Gobierno empeñado en seguir las directrices marcadas por la industria cultural, centradas en el castigo y en un modelo de negocio desfasado. "La rápida evolución de la tecnología" deja sin sentido a esta norma, que pretende bloquear webs cuando hay alternativas muy desarrolladas en la Red que facilitan el acceso a todo tipo de contenidos con derechos de autor.

Pero para retorcer más si cabe la contradictoria exposición de argumentos de Wert, el ministro afirma que "ya se han materializado acciones concretas de cierres de páginas y la reacción internacional a estas actuaciones nos indica que vamos por el camino correcto". De este modo confirma a los intereses de quién responde una norma que como hemos expuesto en numerosas ocasiones busca la autocensura de las páginas web e introduce peligrosas intenciones para la libertad en la Red, puesto que un administrador de una web podría ser sancionado sin posibilidad de defenderse en caso de que, por ejemplo, uno de sus usuarios haya publicado un enlace externo a material con copyright.

Cabe preguntarse si ante el esperado (y reconocido) fracaso que tendrá esta norma el Gobierno actuará. Por desgracia, la respuesta a esta cuestión parece que será negativa. Una lástima que este tipo de situaciones se den en un país desarrollado y que las alternativas a una ley cuya esperanza de vida es de "tres meses" brillen por su ausencia. Países como Holanda o Suiza han decidido centrar sus esfuerzos en algo más productivo tras reconocer la imposibilidad de luchar contra la tecnología. ¿Tan lejos queda a nuestro Gobierno mirar hacia estos ejemplos?