¿Es el cierre voluntario de webs y la autocensura el verdadero objetivo de la Ley Sinde?

Hace apenas un día conocíamos el primer caso que demostraba la peligrosa puerta que deja entreabierta la aplicación de la Ley Sinde-Wert. La imposibilidad de controlar los contenidos que suben sus usuarios puede servir para que muchos desistan y prefieran un cierre voluntario a sufrir una multa de hasta 600.000 euros.

El abogado David Bravo explicó con motivo del expediente contra la web Bajui algunas de las trágicas consecuencias de la ley antidescargas española. En la teoría -así la han definido sus defensores- es un arma que busca eliminar las páginas web que infringen los derechos de autor. Sin embargo, lejos de ser empuñada por la Justicia a través de los distintos tribunales del Estado, es la Comisión de Propiedad Intelectual, un mero órgano administrativo, el que la utiliza para proceder al cierre de páginas que, por otro lado y con anterioridad a la ley, fueron declaradas en diversas sentencias judiciales como legales en España.

El letrado denunció la situación de indefensión en la que quedan los administradores de las páginas web demandadas ante la Comisión por parte de titulares de derechos de autor. Como ejemplificó en el caso de Bajui y confirmó posteriormente con la nota de prensa que sacó el Ministerio de Cultura, el papel de las webs con enlaces a contenidos alojados en otros servidores queda como el de "intermediario", por lo que si es requerido para la retirada de enlaces conflictivos ha de obedecer sin poder alegar.

La sanción que puede recibir el administrador de un portal en el que haya este tipo de enlaces puede ir desde los 150.001 euros hasta los 600.000 en caso de no obedecer la solicitud de la Comisión. Como vemos, se trata de una multa muy elevada, más si cabe si el responsable de la web queda excluido del proceso de alegaciones al no formar técnicamente parte del procedimiento.

Sin embargo, otro hecho añade un plus de peligrosidad a la norma. Todas las webs con enlaces son susceptibles de ser denunciadas. Esto implica que los buscadores como Google o comunidades donde son los usuarios los que aportan los contenidos pueden ser denunciadas por infracción de esta ley. En el caso de Google, por ejemplo, el buscador no solo tendría que retirar los enlaces que se consideren vulneran la propiedad intelectual sino que tendría que dejar de indexar futuros enlaces similares para evitarse futuras denuncias y las citadas sanciones económicas. De nada sirve que no tengan una relación directa con el material infractor y su puesta a disposición en un servidor ajeno.

Otro tipo de webs, que van desde foros a agregadores de noticias o incluso la conocida Wikipedia también tendrían que establecer algún tipo de filtrado para que los usuarios no publiquen enlaces a material con copyright. Esto es visto como un modo de censura previa, ya que los administradores de las webs controlarían antes de su publicación todo el contenido de sus usuarios, algo insostenible en muchos casos ante la cantidad ingente de contenidos.

Esta situación podría llevar a responsables de sitios web a desistir en sus proyectos ante la imposibilidad de controlar todo el material aportado por sus usuarios. ¿Es éste el modo más adecuado de combatir la llamada "piratería"? "Muchos decidirán cerrar por miedo a que les pidan responsabilidades. Algún mal pensado puede creer que eso es precisamente lo que se pretende", asegura Bravo. Todo apunta a que no se equivoca.