Europa abre una consulta pública que puede acabar con la seguridad de los sitios que alojan contenidos

Es una de las bases de Internet. Los dueños de las páginas o servicios de internet no son responsables de los contenidos que pueda haber en sus sitios y que resulten ser ilegales. Una directiva europea les aseguraba inmunidad siempre que no tuvieran conocimiento efectivo de esa ilegalidad o de que, en caso de tenerlo, lo retirara lo antes posible.

Sobre esa base, que viene de 2001, se ha construido la red que conocemos hoy. Es también uno de los elementos contra el que más han luchado las grandes empresas de Hollywood. Ahora, la Comisión Europea acaba de abrir una consulta para que todos los interesados, desde usuarios hasta proveedores de servicios, den su opinión sobre si el artículo 14 de la Directiva sobre comercio electrónico (la que ampara a los prestadores de servicios) tiene que ser cambiada o no.

La consulta, que han llamado Una internet limpia y abierta: consulta pública sobre los procedimientos para la notificación y acción sobre contenidos ilegales alojados en los intermediarios online, estará abierta hasta el cinco de septiembre. En estos tres meses se puede decidir y mucho el futuro de internet.

En España, por ejemplo, el dueño de una página web no es responsable de un archivo o de un artículo u opinión que resulte ser ilegal. Y esa consideración de lo que es legal no lo podía decidir un particular aunque tuviera intereses ahí. Sólo la autoridad judicial y, en contadas excepciones, la Administración, podían ordenar la retirada de determinados contenidos. La cosa se ha ampliado mucho con la entrada en vigor de la Ley Sinde/Wert, pero la esencia de la salvaguarda seguía intacta.

Ahora todo puede cambiar. Para la Comisión, la transposición de aquella directiva a los distintos países ha provocado una serie de problemas. Uno de ellos es la gran diversidad de adaptaciones locales de la norma. La expresión “conocimiento efectivo” también se está interpretando de formas muy diferentes. Otro de los problemas es que algunos contenidos, considerados ilegales, permanecen demasiado tiempo online. Por último, los derechos de los usuarios que han visto retirados sus contenidos que ellos consideraban lícitos no siempre se están respetando.

Por eso, creen necesario abrir la consulta. Aunque el proceso se tomará su tiempo, lo que salga de ella puede inclinar la balanza del lado de los usuarios o de lado de los propietarios de la propiedad intelectual.