La ley HADOPI comienza a cobrarse sus primeras víctimas en Francia

La ley HADOPI comienza a cobrarse sus primeras víctimas en Francia

Javier Sanz

Los persecutores de los usuarios de Internet franceses en posesión ilegal de contenido protegido han comenzado a tramitar las primeras denuncias. La operación pasa pues a su fase judicial y los internautas aparecerán en los banquillos.

El semanario francés Le Point afirmaba esta semana en su página web que ha recibido informaciones confirmando que los primeros expedientes de internautas violando la ley antidescargas francesa ya han sido transferidos a la administración de Justicia. Esto significa que la siguiente fase de la ley HADOPI está a punto de ser iniciada y las primeras condenas no tardarán en aparecer.

Hasta el momento se desconoce el número de denuncias que ya han sido trasferidas. No obstante, a partir de ahora esta cifra aumentará semanalmente con nuevos expedientes emitidos por la Comisión de Protección de Derechos, el órgano encargado de instruir los casos de los internautas que sean declarados culpables de violar la ley.

La maquinaria francesa contra la piratería se encuentra por lo tanto a punto de comenzar a funcionar a pleno rendimiento en su fase definitiva. Muchas habían sido las especulaciones acerca de que el presidente Nicolás Sarkozy esperaría hasta después de las elecciones presidenciales de este año para dar este paso tan antipopular, pero parece que la presión de una industria cada vez más agresiva contra la piratería obligó a cambiar los planes.Presiones externas aparte, la primera fase de la ley gala (preventiva) ha conseguido disminuir las descargas de contenidos ilegales significativamente. En este primer periodo se han enviado un total de 470.935 avisos, de los cuales 20.598 recibieron una segunda advertencia antes de pasar a disposición judicial.

Tras el segundo aviso y si se hace caso omiso del mismo. Los usuarios pasan a partir de ahora a esta nueva fase (represiva) en la que se les puede condenar a pagar multas desde 1.500 hasta 3.000 euros o a la suspensión temporal del acceso a Internet (a pesar de tener que seguir pagándolo). El expediente podría incluso llegar a la fase penal, pero en todo caso son los jueces los encargados de decidirlo en cada uno de los expedientes.

Se dice que una primera decena de internautas podrían encontrarse ya en disposición de ser condenados. Esta noticia coincide con la entrada en vigor de la Ley Sinde-Wert en España el próximo 1 de marzo.