¿Por qué se prioriza la lucha contra la piratería en lugar de combatir los abusos de los operadores?

Las irregulararidades en el sector de las telecomunicaciones siguen siendo una constante que afecta a miles de usuarios. Sin embargo, acabar con ellas no parece uno de los objetivos primordiales del Gobierno, cuyas preferencias pasan por acabar con el supuesto mal de la "piratería" en Internet.

"Las denuncias por abusos y fraudes en telecomunicaciones baten todos sus records". Hace sólo unos días la organización FACUA-Consumidores en Acción presentaba el último informe con el citado título en el que remarcaba el incremento de un ya de por sí alto número de reclamaciones en el sector de las telecomunicaciones en España. Lejos de reducirse, en 2011 el número de reclamaciones de este sector supuso el 37,4% del total, lo que supuso un aumento desde el 31,8% de 2010 y del 26,4% en 2009.

Este porcentaje es alarmante, sobre todo si tenemos en cuenta que son ya varios los años en los que los operadores han ostentado este liderato de forma consecutiva, muy por delante de otros como el de la banca (7,8%), el del transporte (7,1%) o el de las compañías eléctricas (6,2%). Además, los motivos por los que los usuarios reclaman siguen siendo los mismos que tiempo atrás, sin que se haya sabido poner una barrera que acote los abusos de las compañías.

Los continuos incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia son los motivos principales. A ellos se les une el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta.

A pesar de contarse por miles los ciudadanos españoles perjudicados por este tipo de actuaciones, el Gobierno parece mirar para otro lado en línea con anteriores gabinetes. FACUA ya ha exigido al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria que tome cartas en el asunto y que mejore tanto la regulación de los servicios de telecomunicaciones como garantice un control más estricto a este sector. Para ello se solicita que se apliquen y difundan de forma pública sanciones proporcionales a los graves abusos que cometen estas compañías. Asimismo se ha pedido a las comunidades autónomas que arrimen el hombro en la protección de los derechos de los consumidores.

Habrá que ver la reacción del Gobierno a este llamamiento y si decide volver a hacer caso omiso de una realidad evidente. Quizá conviniese apostar con más fuerza en este tipo de medidas de control efectivas en lugar de centrar esfuerzos en baldíos intentos como el de la lucha contra las webs de enlaces en nuestro país. ¿Es acaso más prioritaria la lucha contra la llamada "piratería"?