El cierre de Megaupload abre varias incógnitas. Al posible ataque a la libertad de expresión se le une otro a la privacidad de los usuarios que habían recurrido a este servicio para alojar sus archivos sin que éstos vulnerasen propiedad intelectual alguna. El FBI no sólo se ha hecho con ellos sino que ha obtenido datos personales de millones de ciudadanos.
La decisión tomada por el FBI abre una nueva controversia en la Red. Megaupload ha sido cerrado y sus administradores detenidos bajo varias acusaciones, aunque a nadie escapa que la de violación de la propiedad intelectual ha sido la que ha motivado la actuación de los agentes federales estadounidenses. Este cierre ha supuesto un hecho sin precedentes y las reacciones en contra del mismo han sido múltiples. ¿Por qué?
Megaupload había conseguido reunir a más de 150 millones de usuarios. Estos utilizaban la plataforma para alojar sus archivos, muchos de ellos con derechos de autor, muchos de ellos sin derechos de autor. Sin embargo, las autoridades de EEUU han tirado por la calle de en medio y han hecho suyo el «pagan justos por pecadores» cerrando toda la web. Una de las grandes incógnitas en este momento es qué pasará con la información que el FBI ha incautado al cerrar la web y si este hecho choca con el derecho fundamental a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones de los ciudadanos. En España estos derechos están recogidos en nuestra legislación y miles de usuarios españoles se han visto afectados por la operación de los agentes estadounidenses.
Como leemos en una interesante entrada del abogado Carlos Sánchez Almeida, según recoge nuestra legislación «sólo mediante resolución judicial motivada se puede proceder al registro e incautación de documentación y correspondencia privada, así como a la interceptación de comunicaciones». Asimismo, «el Código Penal castiga como autor de un delito de revelación de secretos a quien sin estar autorizado, se apodere de datos reservados de carácter personal registrados en sistemas informáticos«. ¿Podría haber incurrido el FBI en uno de estos delitos?
Más preguntas quedan abiertas. ¿Tienen derecho los usuarios a reclamar al FBI el contenido subido a Megaupload que es de su propiedad? ¿Lo han perdido para siempre? ¿Qué derecho tienen las autoridades estadounidenses para apropiarse de, por ejemplo, un vídeo particular subido a esta plataforma que no infringe copyright alguno?
Por otro lado, un asunto que no es para nada nimio es qué sucederá con el dinero de aquellos usuarios que habían pagado por adelantado el servicio Premium de Megaupload. Aunque todo apunta a que deben dar por perdidas esas cantidades económicas, ¿hasta qué punto es legal que esto suceda de este modo? En definitiva, una enorme ristra de dudas abiertas tras el polémico cierre de las que no hay certezas exactas de cómo serán resueltas.
