¿Quién pagará los gastos derivados de la aplicación de la Ley Sinde? La respuesta a esta pregunta y el impacto que supondrá a las partes implicadas en el cierre de páginas web no ha quedado clara, pero los operadores ya han avisado que no quieren correr con esta carga.
A pesar de haber sido activada de forma final por parte del nuevo Gobierno, siguen surgiendo dudas alrededor de algunos aspectos de la Ley Sinde. El cierre de páginas web mediante una comisión administrativa comenzará a partir de marzo pero se desconoce cuáles serán los gastos exactos que se derivarán de estos polémicos cierres para las distintas partes implicadas.
La norma da un papel importante a los operadores, pero éstos no han tardado en avisar sobre su postura acerca del coste en el proceso. Como leemos en elEconomista.es, la patronal que agrupa a las principales compañías de telecomunicaciones, Redtel, ha recordado que «queda por aclarar quién pagará el coste de la ejecución de las medidas cuando la Comisión de Propiedad Intelectual, tras la autorización judicial, ordene la colaboración de los operadores de telecomunicaciones», anunciando que no debe caer sobre ellos este coste.
«Creemos que el nuevo Gobierno, que ha hecho bandera de la reducción de las cargas administrativas, va a encontrar una solución razonable para que la protección de la propiedad intelectual no resulte una nueva carga administrativa para el sector de las telecomunicaciones, que está llamado a ser motor de las necesarias ganancias de productividad y competitividad de la economía», explican las compañías.
Sin embargo, desde Redtel lamentan que el nuevo Ejecutivo también haya apostado por la vía de «la penalización«. Como ya avanzara hace más de un año, la patronal ha vuelto a mostrar su convencimiento de que «la solución a la piratería pasa por fomentar una oferta legal atractiva de contenidos digitales, cuestión que no se ha tenido en cuenta en esta ley».
Así pues, parece que la industria cultural y el entretenimiento ha conseguido que se imponga una ley que teóricamente le va a beneficiar pero que cuenta con un gran número de opositores. A los usuarios se les unió recientemente el grupo de empresas de servicios de hosting en nuestro país, que se consideran perjudicadas por la norma, y ahora lo hacen compañías como Movistar, Vodafone, Orange y Ono, representadas en Redtel. Recordamos que éstas podrían verse obligadas incluso a bloquear ciertos contenidos alojados en el extranjero, por lo que el perjuicio para ellas se podría traducir en cifras económicas. ¿Cómo lidiará el Gobierno con este conflicto?