Así funcionará paso a paso la Ley Sinde para cerrar páginas web

Así funcionará paso a paso la Ley Sinde para cerrar páginas web

Redacción

El diario El País ha desvelado cómo funcionará la Ley Sinde después de tener acceso al borrador del reglamento que aún no ha sido aprobado. No obstante, poca variación final se espera en un proceso que busca un cierre de páginas web por la vía rápida.

Ha pasado poco menos de un año desde que el Gobierno saliente aprobase con el apoyo del PP y CiU la llamada Ley Sinde, que busca proteger los derechos de autor en la Red promoviendo el cierre exprés de páginas web. Hasta ahora se conocía cómo pretendía atajar el problema de una forma superficial, puesto que la ley no había sido dotada de un reglamento específico. El pasado viernes el Consejo de Ministros tuvo sobre la mesa la aprobación de este polémico procedimiento pero decidió dejar en manos del próximo Ejecutivo este paso.

Aun así, conocemos cómo será el paso a paso de esta polémica ley, considerada por la industria cultural y del entretenimiento como su tabla de salvación y blanco de las iras de la comunidad internauta así como de importantes abogados especializados en propiedad intelectual, que vaticinan será absolutamente inservible.

El citado medio detalla el funcionamiento de este reglamento que a través de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual impulsará el cierre de webs que considere infractoras. El plazo máximo desde que un titular de derechos de autor denuncie a una web que albergue o facilite contenidos protegidos con copyright (a través, por ejemplo, de enlaces externos) hasta que se cierre esta página será muy rápido (menos de 28 días).

Una vez admitida la denuncia en la Comisión se procede a la identificación del responsable de la supuesta infracción. Si no se conoce la persona o personas detrás de dicha web se reclaman los datos a los proveedores de servicios y operadores mediante un auto del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo que el juez dicta en un plazo de 5 días. Tras esto, los operadores tendrán que facilitar los datos del infractor en 2 días, lo que da inicio al procedimiento propiamente dicho, puesto que el infractor es notificado con un requerimiento para que elimine en 48 horas los contenidos ilícitos.

En este plazo de dos días, el infractor tiene la opción de presentar alegaciones, lo que podría dilatar el proceso en un máximo de 3 meses, o retirar los contenidos. Si no hace esto último, el proceso inicia la que sería su última fase, con el lanzamiento de una propuesta de resolución en 2 días y otros 5 días para que la Comisión presente sus conclusiones. La resolución final se dictaría en un plazo máximo de 3 días tras conocerse estas conclusiones.

Se vuelve a otorgar 1 día de plazo tras ello para la nueva retirada de dichos contenidos y en caso de que esto no suceda se pedirá a los operadores que corten el servicio a la web. Este último requerimiento tendrá que contar con una autorización en 5 días del citado juzgado. Los operadores aplicarán la medida en los 3 días siguientes bajo la amenaza de una multa por "infracción muy grave" que iría desde los 150.000 a los 600.000 euros según se establece otra ley que generó amplia polémica en 2002, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

En definitiva, un proceso que suena un tanto farragoso y complicado pero que deja claro que la intervención judicial no entra en el fondo del asunto (si la web infringe o no la propiedad intelectual), puesto que es el organismo administrativo (la citada Comisión) el encargado de hacerlo. ¿Pondrá fin esta ley a las webs de enlaces?