La legitimidad de la Ley Sinde agoniza antes de empezar a cerrar páginas web

La legitimidad de la Ley Sinde agoniza antes de empezar a cerrar páginas web

Redacción

La Ley Sinde sigue convirtiéndose en ejemplo de una ley que nace muerta. Creada para cerrar páginas web de enlaces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un nuevo toque de atención a sus creadores y a quienes la apoyan: estas webs «no infringen derechos de propiedad intelectual«.

Acabó el verano y se sigue esperando la formación de la temida Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo legitimado por la polémica Ley Sinde para proceder al cierre de páginas web que la propia Justicia española ha declarado perfectamente legales. Precisamente desde el poder judicial se ha dado un nuevo toque de atención a una norma que se salta toda la jurisprudencia dictaminada en favor de los intereses de unos pocos.

Según leemos en un nuevo artículo de David Bravo, el CGPJ ha publicado un informe que deja muy tocada la imagen de la Ley Sinde. En el texto se afirma literalmente que a «los prestadores de herramientas de enlaces a páginas web, a los cuales, conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual por más que las páginas o contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la Red en origen».

Precisamente esto es todo lo contrario a lo que pretende la norma antidescargas española, que parece no haber seguido los consejos del CGPJ a la hora de su redacción. En el citado informe se señala que «en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual«, toda una sentencia que deja en entredicho esta ley.

En su artículo Bravo se pregunta «cuánto tardarán las páginas afectadas en querellarse contra los firmantes de esa resolución por la existencia de un presunto delito de prevaricación» en relación a la actuación de la comisión administrativa, que ignorará en sus peticiones de cierre de este criterio del CGPJ.

Nueva muestra, por tanto, de una chapuza de dolorosas proporciones, cuya inutilidad se encargó de demostrar recientemente el propio Bravo durante una conferencia en el Festival de Cine de San Sebastián mostrando lo sencillo que resulta crear una página de enlaces y la dificultad que tendrá dicha comisión para cerrar este tipo de webs o bloquearlas en nuestro país en caso de estar alojadas lejos de nuestras fronteras.

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