El Ministerio de Cultura planea ajustar el canon en agosto. ¿Otra falsa promesa del Gobierno?

Diez meses después de dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se declaraba el canon ilegal en su actual aplicación, el Gobierno modificará la regulación de esta norma. Agosto parece el mes elegido por el Ministerio de Cultura pero podría tratarse de otra falsa promesa del Gobierno.

Por enésima vez en los últimos meses, la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, volvió a asegurar en el día de ayer que la modificación del canon digital se producirá "en las próximas semanas". En esta ocasión lo hizo en la radio catalana Rac 1 en información que publica Cincodías.com. Además, Sinde habló del futuro a largo plazo de los sistemas para compensar a los artistas por el derecho a copia privada que existe en nuestro país.

"El canon no es un sistema que vaya a existir siempre. Iremos hacia un sistema de licencias. Indudablemente, hay que compensar el uso de un bien o trabajo de una persona", aseguró la ministra de Cultura. De este modo, los autores podrán elegir entre distintas fórmulas a la hora de proteger su obra como el copyright o las licencias copyleft, por ejemplo, pero fuentes del ministerio han admitido que esta idea es una "predicción a largo plazo" que no está recogida dentro de la próxima regulación del canon.

Otra de las posibilidades que se plantea es la fijación de un gravamen sobre la obra original protegida por derechos de propiedad intelectual, por lo que los usuarios pagarían una cantidad extra por cada producto cultural que comprasen que iría destinado a paliar los beneficios económicos no ingresados por la copia privada. En este sentido, Jesús Banegas, presidente de Ametic ya señaló en junio que lo "más razonable" es que los artistas que quieran dar derecho a la copia privada apliquen un sobreprecio de 1 o 2 euros a sus creaciones.

Sin embargo, por el momento todo apunta a que los cambios en la regulación del canon serán mínimos en comparación con propuestas como las expuestas y que se ceñirá a lo estrictamente detallado tanto en la sentencia del TJUE como en la de la Audiencia de Barcelona y la Audiencia Nacional. Así, se eximirá del pago de esta tasa a instituciones y empresas privadas que adquieran dispositivos y soportes electrónicos cuya utilidad no es precisamente la grabación de obras creativas sino el desempeño de sus labores.

En cualquier caso, conviene tomarse incluso estos cambios mínimos con cautela vistos los continuos retrasos en la reforma de este controvertido gravamen. La cantinela de las "próximas semanas" empieza a rechinar y no sería de extrañar un nuevo aplazamiento en la modificación de una regulación que ha sido calificada como ilegal por ser abusivo e indiscriminado.