Telefónica se une a la lista de enemigos de la Ley Sinde

Telefónica se une a la lista de enemigos de la Ley Sinde

Redacción

La Ley Sinde sigue engrosando su lista de enemigos. Al rechazo masivo de usuarios, organizaciones, abogados y las propias páginas en riesgo de ser cerradas a pesar de su legalidad, se les une ahora un gigante de las telecomunicaciones como Telefónica con más críticas a la norma antidescargas.

Telefónica mostró su rechazo a la conocida como Ley Sinde ante la Comisión Europea en la respuesta a la consulta pública abierta desde Bruselas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. El organismo comunitario quiso escuchar a todos los agentes implicados en uno de los aspectos más controvertidos en la Red, por lo que operadores, entidades de gestión de derechos de autor y gobiernos así como usuarios, mostraron su opinión ante este conflicto de intereses.

El operador español no se mostró partidario de dar datos personales a una comisión administrativa. "Creemos que es necesaria una orden judicial previa para entregar datos personales", explicó la compañía presidida por César Alierta. Asimismo, señaló que se deben buscar nuevos métodos en los mercados europeos que propongan contenidos legales de una forma "atractiva y fácil" de modo que no se limiten las posibilidades del usuario. El ejemplo es lo que sucede en Estados Unidos y Canadá con Netflix, el servicio de vídeo online que intentará instalarse en España a partir de 2012.

La efectividad de las leyes antidescarga se ha demostrado prácticamente nula y el más claro ejemplo es la Ley Hadopi francesa que persigue a los usuarios de redes P2P que descargan contenido protegido con copyright. En caso de la implantación de una legislación similar, Telefónica consideraría imprescindible un sistema en el que operadores y autoridad judiciales trabajasen de forma conjunta y recordó la poca conveniencia de la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual a raíz de la Ley Sinde.

Esta comisión administrativa podrá pedir los datos a los proveedores de acceso y hosting con el fin de identificar al responsable de una web y para el operador histórico la intervención del juez en este proceso es imprescindible. No obstante, este es sólo uno de los motivos que llevan a los operadores a rechazar este tipo de normas. Por ejemplo, en Reino Unido el papel que se les asigna desde la entrada en vigor de la Digital Economy Act es el de "policías de la Red" formando parte activa de las persecuciones a usuarios a pesar de la reticencia de las compañías.

¿Atenderá la Comisión Europea este rechazo por parte de los operadores a las leyes antidescargas? El modelo que se pretende instaurar flojea en lo referido a derechos de usuarios y compañías en favor de unos intereses económicos muy específicos que se niegan a adaptar su modelo de negocio. ¿Será Bruselas quien impulse un nuevo tipo de legislaciones antipiratería?