Una de las voces más críticas con la SGAE y defensor de las libertades en Internet, el abogado David Bravo, ha opinado sobre el escándalo que sacude a la entidad de gestión y al Gobierno en los últimos días. El letrado considera que no es casualidad que se comience a hablar del fin del canon sino una cortina de humo para evitar tratar lo sucedido en la SGAE.
En su intervención en la Campus Party 2011 que se celebra en Valencia, David Bravo no se ha mordido la lengua y ha asegurado que la petición de la supresión del canon que tan de moda se ha puesto en los últimos días «parece una chuleta lanzada a los perros para que miremos hacia otro lado y olvidemos el escándalo de la detención de la cupula de la SGAE».
Bravo justificó su postura crítica con una entidad que sigue un modelo «a través del cual el 1,70% de los socios recibe casi el 70% de lo que se recauda». El abogado cree que para cambiar el modelo de gestión de la SGAE «habría que empezar por cambiar el sistema de votos» por el que se elige a la cúpula. Asimismo, considera que «hay que centrarse en descubrir la forma de remunerar a los autores sin excluir a nadie» y que la problemática de la propiedad intelectual no puede ser considerada como algo que permite la exclusión de terceros.
Victoria contra la Ley Sinde
Por otro lado, el abogado también tuvo palabras críticas con la Ley Sinde, que recibió hace apenas un día un nuevo varapalo judicial al ser absuelta otra página de enlaces tras la demanda que fue presentada contra ella por la SGAE. Bravo llevó este citado caso de la web Indice-web.com y señaló que «nada ha cambiado en la ley, sino que la Ley Sinde cambia quién decide, como un atajo para cerrar páginas que los mismos jueces dicen que no hay que cerrar«.
El caso no es el único, ya que el abogado también cuenta con otras victorias en los tribunales como el caso Sharemula. Los jueces también dieron la razón a la web frente a los demanantes, ya que los enlaces a archivos alojados en discos duros virtuales o servidores de descarga directa como Megaupload no son considerados en nuestro país «comunicación pública» y no suponen delito alguno.
