La OCDE anima a los operadores a perseguir el P2P

La OCDE anima a los operadores a perseguir el P2P

Javier Sanz

Mucho se ha hablado recientemente del informe presentado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en torno al elevado precio de las conexiones en España. La organización también reconoce la legitimidad de los operadores de Internet para perseguir el intercambio de archivos.

De la mano de Nación Red nos internamos en el texto final de la declaración de Principios Rectores de Internet de la OCDE. A pesar de que en un primer momento el texto comienza destaca la importancia de promover el acceso a Internet como garante de derechos fundamentales, a continuación continúa con varias afirmaciones que hacen tambalearse el principio de neutralidad de la Red.

La declaración invita a la "guerra contra el compartir archivos". La OCDE considera que los operadores tienen que tener capacidad para "asistir" a los titulares de derechos de autor en un "proceso justo". Además, se echa en falta alguna mención a la intervención judicial para esta asistencia a los propietarios de los derechos de autor, por lo que se deja entrever que serían los operadores y la industria cultural así como entidades de gestión de derechos de autor quienes formarían parte de los procesos de juicio y condena a los usuarios que compartan archivos protegidos.

De este modo, un texto que estaba llamado a ser una defensa de la protección de la libertad en la Red abre la puerta a que los operadores que proveen las conexiones puedan espiar, controlar y denunciar a quien hace un uso "injusto" del servicio por el que pagan. No obstante, como sucede siempre, el término "justo" vuelve a ser demasiado sesgado.

Las primeras reacciones de decepción con el texto no se han hecho esperar. Jérémie Zimmermann, cofundador y portavoz de La Quadrature du Net califica como "alarmante que los países miembros de la OCDE decidan ponerse del lado de las industrias de entretenimiento, minando los mismos valores y libertades que aseguran promover". "Elegir una política de Internet que va contra la opinión de la sociedad civil es igual que aferrarse a un régimen de copyright que va contra el público: está llamado a fallar y mina las libertades fundamentales", sentencia.