La SGAE, acorralada: La Fiscalía Anticorrupción también la persigue por su desvío de fondos

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tendrá que responder ante la Justicia por sus presuntas irregularidades económicas. Si hace sólo un día conocíamos cómo la Audiencia Nacional investigaba a la entidad por un supuesto desvío de fondos millonario, ahora se suma la Fiscalía Anticorrupción.

Según leemos en Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia en la Audiencia Nacional a raíz de unas diligencias previas abiertas en noviembre de 2007 por la AI, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

Esta está basada en la aparición en varios medios de comunicación de "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". En concreto, se denunciaba que los directivos de la entidad de gestión de derechos de autor habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), creada teóricamente para fabricar los mecanismos necesarios para la inmersión de la SGAE en la era digital.

Los denunciantes aseguran que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas. De este modo, la entidad incumplía "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley".

Este tipo de actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones, achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la malversación de fondos económicos. Asimismo, se apunta como responsable de forma subsidiaria al Ministerio de Cultura en su papel de "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".

Por el momento, el silencio ha sido la única respuesta por parte de una entidad que no tarda en contestar a la hora de exigir cuentas a los usuarios en torno al canon digital o en reclamar el supuesto robo que sufren sus asociados por culpa de las descargas en Internet. Será ante la Justicia frente a quien tenga que hablar la entidad presidida por Teddy Bautista.