La industria cultural propone reducir la velocidad al usuario de P2P y limitarle el número de webs

La industria cultural sigue en su empeño de luchar contra los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P. Para ello han propuesto un acuerdo a los operadores en EEUU para que estos contribuyan contra las descargas reduciendo la velocidad de estos usuarios y limitándoles el número de páginas en las que podrían entrar.

Las grandes compañías de la industria cultural estadounidense, agrupadas en la MPAA y RIAA estarían muy cerca de alcanzar un acuerdo con los operadores de banda ancha en Estados Unidos, según ha informado TorrentFreak. El objetivo pasa por perseguir a los usuarios de una forma "gradual". Visto el escaso éxito que han logrado los gobiernos de los países donde se aplica el duro sistema de los tres avisos que amenaza con desconectar a los internautas, la industria ha buscado alternativas.

"Persecución gradual"

En primer lugar se propone aleccionar a estos internautas sobre el copyright y la propiedad intelectual, tal y como hace YouTube con los usuarios que intentan subir vídeos con derechos de autor al portal. En caso de no atender a estas lecciones, las compañías endurecerían el castigo al usuario de programas como BitTorrent o eMule.

En el acuerdo que están a punto de alcanzar operadores y los grandes la industria del cine y la música se incluyen propuestas menos duras para el usuario que las citadas desconexiones en caso de desobediencia de las lecciones dadas por la industria. Por un lado pretenden que aquel que comparta archivos con derechos de autor (previamente rastreado por las compañías), navegue a una menor velocidad por Internet. Asimismo, se propone que éstos sólo puedan acceder a un "menú" basado en 200 páginas web decidido por las compañías.

En un principio se espera que el acuerdo entre las distintas partes llegue en el próximo mes de julio. Está por ver, en caso de lanzarse, su éxito o si se confirma como un nuevo fracaso en la lucha contra la llamada "piratería". A pesar de que el Gobierno español ha insistido en que no perseguirá a los usuarios, los grupos de presión de la industria cultural y las entidades de gestión como la SGAE creen necesarias este tipo de medidas.