El fracaso es una realidad en el caso de la ley antidescargas francesa. Así lo han confirmado los pobres balances registrados hasta el momento en cuanto a persecución a los usuarios para acabar con la piratería. Según las últimas cifras apenas «unas pocas docenas» de usuarios han recibido el último aviso que amenaza con desconectarles de Internet.
El diario El País se hace eco de la información publicada en Le Figaro, en la que se evidencia el nulo efecto de la llamada Ley Hadopi impulsada por el Gobierno de Nicolás Sarkozy para evitar la llamada «piratería» en Internet. Mientras que la teoría apuntaba que con una norma en la que se amenazase con desconectar a los internautas que descargasen contenidos con copyright en redes P2P, la aplicación práctica no ha tenido ningún resultado.
El Ejecutivo galo optó por un sistema de tres avisos por carta o correo electrónico a los usuarios que presuntamente compartían contenidos protegidos con derechos de autor. La comisión Hadopi era la encargada de avisar a los internautas y desde que comenzase el proceso tenemos los resultados sin desconexión conocida hasta el momento.
Hasta 400.000 usuarios habrían recibido el primer aviso desde la entrada en vigor de la ley, a pesar de que las sociedades de gestión de derechos de autor (similares a la SGAE) remitiesen diariamente 50.000 direcciones IP acusándolas de traficar con sus contenidos. La cifra diaria a la que las autoridades se había comprometido a enviar avisos era de 10.000 pero la realidad dista mucho de tal promesa.
En la segunda tanda de avisos el número total registrado ha sido de 3.500 usuarios, mientras que el dato más pobre es el referido a los del tercer aviso, que no llegan ni a la centena. Estos últimos son amenazados con la desconexión y la imposición de una multa de 1.500 euros.
Hasta el momento ninguna de estas personas ha sido llamada ante el juez que revisa un procedimiento que admite es «rústico y poco automatizado». El propio Sarkozy tuvo que admitir hace unas semanas el fracaso de su norma aunque ha señalado que no la cambiará a no ser que encuentre una alternativa «que proteja la justa retribución de los creadores». Recordemos que este modelo legislativo podría ser imitado por España si el Gobierno acaba cediendo a las presiones de la industria cultural de endurecer la Ley Sinde.
