Los gobiernos más poderosos prometen endurecer las leyes contra las descargas

Las descargas e intercambio de archivos siguen en el punto de mira de los gobiernos más poderosos del mundo. En una reunión mantenida en Francia se han comprometido a endurecer las medidas para perseguir estas prácticas en Internet e intentar conseguir así que haya un mayor respeto a la propiedad intelectual.

Los derechos de autor en Internet también tienen cabida en la reunión que el G8 ha tenido en Francia. Los países más poderosos del planeta han entablado conversaciones y han reafirmado su "compromiso a tomar medidas firmes contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en el espacio digital", tal como podemos leer en elmundo.es.

Traducido en otras palabras, la intención de estos gobiernos pasa por endurecer la legislación contra las descargas de contenidos protegidos con derechos de autor. Por ello se han comprometido a crear "procedimientos que permitan impedir las infracciones actuales y futuras" y estos sólo pasan por intensificar las leyes antidescargas que ya proliferan por varios países del mundo, incluido España y su polémica Ley Sinde.

Sobre esta regulación de Internet, el grupo denominado eG8, formado por las compañías más importantes de la Red como Google o Facebook ya se advirtió de su complejidad. Estos admitieron días atrás la necesidad de proteger la propiedad intelectual y regular la red para evitar ciberdelitos, pero a condición de que no implique un recorte del crecimiento y la innovación, un equilibrio para el que reconocen no tener solución.

De este modo, no podemos sino insistir en el papel crucial que juega la industria cultural en este controvertido tema. Más allá de gobiernos y leyes, han sido escasos los pasos dados por un sector que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos que ha traído Internet. No obstante, el ejemplo de modelo sostenible que contenta a todas las partes está ahí, como han demostrado Netflix o Spotify, servicios perfectamente legales en los que se respetan los derechos de autor y que ofrecen contenidos accesibles a todo el mundo.

Se antoja necesario un cambio de chip en el seno de los gobiernos para que no pasen por encima de los derechos de los ciudadanos a la hora de legislar, como ha sucedido con la Ley Sinde o las leyes que persiguen a los internautas que comparten contenidos. Ojalá abran los ojos y se den cuenta de que las medidas más firmes que se pueden tomar no están en sus manos sino en las de una industria de raciocinio obsoleto.