Los operadores rechazan convertirse en la policía antipiratería

Los operadores rechazan convertirse en la policía antipiratería

Redacción

Desmarcarse de las pretensiones por parte de la Comisión Europea de convertirles en vigilantes de las descargas que realizan los usuarios. Esta es la unánime postura y estrategia de los operadores europeos tras conocerse las intenciones del Ejecutivo comunitario en su plan antipiratería.

Hace apenas un día informábamos de las intenciones de la Comisión Europea para combatir las descargas. Su plan pasaba por involucrar a los operadores de telecomunicaciones para que se frenase el problema de la llamada piratería. En el documento presentado se señalaba que "estas enmiendas deberían abordar las infracciones en su fuente y, para tal fin, fomentar la cooperación de intermediarios, como los proveedores de servicio de Internet".

De este modo, la Comisión parece apoyar la teoría que lleva mucho tiempo sosteniendo la industria cultural y considera que los operadores se aprovechan y se ven beneficiados por las descargas en Internet. Por esto, se alude a su responsabilidad a la hora de vigilar los contenidos que circulan por sus redes.

Sin embargo, no tendrá fácil el Ejecutivo comunitario para convencer a las compañías e implicarlas en el proceso, dado el "no" rotundo por respuesta por parte de los operadores. Escasísimas son las ocasiones en que todos los operadores se ponen de acuerdo entre ellos, pero parece que ésta es una de ellas. Según informa CincoDías, las cinco principales patronales europeas de telecomunicaciones (la de ex monopolios, la de operadores alternativas, la de empresas de móvil, la de proveedores de Internet y la de compañías de cable) han firmado un comunicado conjunto en el que "lamentan" las intenciones de las autoridades comunitarias.

Las compañías consideran "prematura" la revisión del marco normativo por parte de la Comisión y se encuentran "colectivamente preocupadas por el plan de la comisión de incrementar el papel de los proveedores de internet en la prevención de las descargas ilegales".

"El plan de Bruselas impondrá responsabilidades y costes adicionales a los proveedores de internet e impactará negativamente en la privacidad de las comunicaciones de los consumidores europeos, algo contrario a la actual legislación comunitaria", aseguran las compañías que creen que se ignora "la necesaria salvaguarda que en estos momentos ofrece el control judicial sobre la legalidad de los contenidos".