Los medios de comunicación privados, también disconformes con la Ley Sinde

La Ley Sinde sigue encontrando enemigos en su camino rumbo a su entrada en vigor prevista para finales del próximo verano. En esta ocasión son los medios de comunicación privados, agrupados en diversas asociaciones, los que han mostrado su desacuerdo con las competencias que pretende atribuir el Gobierno a la nueva Comisión de Propiedad Intelectual.

Según ha informado Servimedia, las patronales de televisiones privadas, (UTECA), editores de diarios (AEDE), radios comerciales (AERC) y de revistas (ARI) expresaron su opinión contraria a las potestades que tendrá la Sección Primera de la comisión que está prevista en el borrador del reglamento de la Ley Sinde.

Si la Sección Segunda es la encargada de perseguir la "piratería" a través del cierre de páginas web con enlaces (con la que están de acuerdo los medios), la Primera "amplía su ámbito competencial, en el caso de la mediación a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, y, en el caso del arbitraje, a los conflictos entre distintas entidades de gestión, y entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, entre otros".

Los medios consideran que las nuevas competencias "no suponen nada nuevo que no estuviera ya previsto en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), por lo que seguirán concurriendo en ella las mismas razones que han provocado que la actual Comisión no haya intervenido ni una sola vez en los conflictos entre entidades de gestión y entidades de radiodifusión".

Los medios no han dudado en protestar contra las entidades de gestión de derechos de autor como la SGAE y sus elevadas tarifas. "Somos defensores de los derechos de autor, además de titulares y creadores de parte de los mismos, e impulsores y firmes defensores de no confundir los derechos de propiedad intelectual con la plena propiedad de los mismos que ejercen las actuales entidades de gestión", explican.

En su opinión, el modelo actual "hace inviable el sostenimiento presente y desarrollo futuro de la divulgación, entre otras, de obras musicales, audiovisuales, digitales y nuevos talentos". Por ello piden "un órgano plural, independiente, con control sobre la actividad de las entidades de gestión; que entienda de los conflictos entre titulares de derechos y agregadores; entre titulares de derechos y entidades de gestión; entre usuarios y entidades". Así pues, parece claro que la solución propuesta por el Gobierno y apoyada por PP y CiU no contenta a prácticamente nadie.