La lentitud del Gobierno puede hacer que la reforma del canon no llegue hasta noviembre
Paralizadas. Así se encuentran en estos momentos las negociaciones entre las partes implicadas para la obligada reforma del canon digital. La lentitud del Gobierno a la hora de gestionar estas negociaciones podría suponer que hasta el próximo mes de noviembre no se aplicasen cambios en un modelo que ha sido declarado ilegal por los tribunales tanto de España como de Europa.
Según podemos leer en Cinco Días, al Gobierno se le está atragantando la reforma del polémico canon digital. Han pasado meses desde que se iniciasen las primeras conversaciones para proceder a modificar la actual aplicación de este gravamen pero las negociaciones que mantienen los Ministerios de Cultura e Industria con las entidades de gestión como la SGAE y la patronal tecnológica Ametic se encuentran encalladas y sin visos de avanzar de forma inmediata.
Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo al diario económico. Asimismo, se señala que las gestoras han propuesto un modelo de reembolso que obligaría a las empresas a seguir pagando esta tasa y después reclamar su devolución, asegurando que es muy complicado gestionar el canon caso a caso. Esta iniciativa se ha encontrado con el rechazo frontal de Ametic, cuyas empresas representadas empiezan a plantearse el reclamo inmediato de las cantidades abonadas por este concepto tras conocer la sentencia que exime a Nokia y Dell de pagar el canon. «Se están envalentonando, sobre todo después de ver que dos juzgados de Madrid eximieron hace unos días», afirman desde la industria tecnológica.
No obstante, desde las entidades de gestión se amenaza con que si dejan de pagar «estarían corriendo un riesgo jurídico«, pero las empresas tecnológicas no se amedrentan ante estas palabras, señalando que «ellos sólo quieren eximir del canon a las sociedades, pero no a los autónomos, algo que no tiene sentido».
Enfrentamientos al margen, sigue sin entenderse la incapacidad del Gobierno para acatar las sentencias tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como de la Audiencia Nacional. Una de las responsables en la modificación de la tasa, la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, respondió recientemente pidiendo calma para solucionar este asunto. Y es que aún no se ha producido la convocatoria formal de las negociaciones entre las partes implicadas.
Por ahora sólo ha habido «conversaciones informales», pero ya se ha visto para qué han servido. La amenaza en forma de avalancha de demandas de empresas dispuestas a solicitar el importe pagado por el canon sobrevuela sobre la situación, por lo que se considera urgente que se convoquen las negociaciones. A partir de esta convocatoria serían cuatro meses de conversaciones hasta alcanzar un acuerdo que no parece sencillo vistas las distintas posturas. Cumplido ese plazo, si no se ha logrado dicho acuerdo, el Gobierno contaría con otros tres meses para dictar una orden ministerial, por lo que noviembre acabaría siendo el mes en el que se certificase la reforma.