EEUU amplía la caza en la red. El streaming será delito

EEUU amplía la caza en la red. El streaming será delito

Javier Sanz

Washington pretende ampliar el campo y el radio de acción para la persecución de prácticas contra la propiedad privada, al introducir nuevos delitos e insinuar una proyección internacional en sus actuaciones.

El Libro Blanco. Así se llama el ambicioso programa de la Administración Obama para luchar contra la piratería y a favor de la propiedad intelectual. El nombre comienza a ser ya bastante conocido entre los usuarios de la red, no tanto por la magnitud de las medidas, sino, sobre todo, por la famosa equiparación entre la piratería y el terrorismo, de la que ya nos hemos hecho eco. La equiparación no es nueva, ciertamente, pues recuerda a las noticias que hace años circularon sobre las supuestas vinculaciones entre los vendedores del top-manta y al-Qaeda, en un momento de gran sensibilidad social tras los atentados de Nueva York, Madrid y Londres, pero llega acompañada ahora con la férrea decisión por parte de Washington, inexistente entonces, para acabar con la libre circulación de datos en la red.

Empeñado en acabar con la piratería, la Administración Obama no sólo pretende endurecer las penas en los casos de descargas ilícitas de archivos, sino también ampliar el campo de acción de la persecución legal, al tipificar como delito el «streaming», es decir, la distribución y reproducción de video o audio en red sin necesidad de descarga. Si llega a buen puerto la propuesta, los usuarios que lleven a cabo este tipo de prácticas podrán ser perseguidos, al cometer infracciones, calificadas como «graves», que atentan contra los derechos de la propiedad intelectual, y sobre ellos recaerían unas penas que el Libro blanco pretende endurecer, de manera especial para los reincidentes.

La propuesta muestra también una clara proyección internacional, y en el paquete de medidas contra la piratería se puede apreciar una «especial preocupación» por aquellas páginas que atentan contra la industria de la cultura fuera de las fronteras estadounidenses, por lo que la caza podría alcanzar «sitios web con sede y control extranjero«, como ya ocurriera con páginas de enlaces de eventos deportivos como rojadirecta.org. Dentro de esta «preocupación» internacional, podría explicarse las supuestas presiones por parte de Joe Biden, vicepresidente estadounidense, hacia el gobierno español con respecto a la famosa «Ley Sinde«.

Washington ve necesaria la aprobación de estas medidas. Por ello las anuncia como imprescindibles, no sólo para desbloquear el cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual, sino también para reforzar la seguridad nacional: de ahí la equiparación de la piratería con el terrorismo y su vinculación con grupos criminales, tal y como declaró Victoria Espinel. Pero también las presenta como una medida contra la crisis económica, al considerar que la descarga ilegal de archivos «causa daños económicos y amenaza la salud y la seguridad de los consumidores estadounidenses». La piratería, por tanto, causante en gran parte de la situación económica del país.

Lo que no cabe duda es que el Gobierno estadounidense está decidido a poner todas sus cartas sobre la mesa para convencer al Congreso y sacar así adelante el ambicioso proyecto que contente a la industria de la cultura.

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