RTVE exige que los operadores paguen su tasa a pesar de haber sido declarada ilegal por la UE

El canon de financiación de Radio Televisión Española (RTVE) que debe ser abonado por los operadores de telecomunicaciones sigue dando que hablar. A pesar de que la Comisión Europea considera esta tasa ilegal, el Consejo de Administración del ente público ha vuelto a pedir a la CMT y al Gobierno que los operadores cumplan con la actual ley y abonen un porcentaje de sus ingresos.

Según leemos en información de la agencia EFE, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y el Gobierno ya tienen constancia de la petición de RTVE para que respondan a los impagos de los operadores de telefonía y banda ancha para financiar la cadena pública. La ley dictada por el Ejecutivo obliga a estas compañías a aportar un 0,9% de sus ingresos brutos para financiar al ente público, mientras que las cadenas privadas han de pagar un 3% de sus ingresos brutos con el mismo fin.

En el escrito remitido a la CMT y al Ministerio de Hacienda se insiste sobre las irregularidades en el pago del canon, al optar las cadenas por pagar el 3% de los ingresos netos en lugar de los brutos, así como el reclamo del pago de los operadores de telecomunicaciones. Estos se han mostrado abiertamente en contra de pagar este 0,9% al considerar que va en contra de las directivas comunitarias y, de hecho, así lo declaró el pasado mes de septiembre la Comisión Europea.

En dicha fecha, Bruselas abrió un expediente a España por considerar ilegal esta tasa, al "afectar indebidamente a los operadores de telecomunicaciones, pudiendo limitar sus inversiones en nuevas redes y servicios avanzados y penalizando en definitiva a sus clientes". A pesar de esto, hace un mes el Gobierno decidió seguir adelante con este canon que compensa la supresión de publicidad en la cadena pública.

Así pues, parece que los operadores tendrán que asumir el pago de esta polémica tasa a corto plazo. El principal miedo con este tipo de medidas gira en torno a si para compensar esta reducción en sus ingresos, las compañías acabarían trasladando a los usuarios finales este pago, medida que sería del todo injusta y que encarecería unos servicios de telecomunicaciones que no brillan en nuestro país por ser especialmente económicos.