La SGAE, denunciada por apropiarse indebidamente 50 millones euros del canon

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) así como otras entidades de gestión de derechos de autor han sido denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por los supuestos delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y por apropiación de 50 millones de euros.

La plataforma Todoscontraelcanon.es está detrás de la denuncia contra la SGAE, Cedro, Egeda y Agedi. El documento presentado ante la por parte de los denunciantes (la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías, Apemit) ante la Fiscalía asegura que las entidades no han abonado a autores, productores y ejecutante -ni han devuelto a quienes lo abonaron originariamente- más de 50 millones de euros.

Estas entidades habrían "incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la Administración no coinciden". De esta manera, consideran los denunciantes que las entidades habrían incurrido en un "posible fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la Administración una cantidad inferior" de su actividad recaudatoria para "obtener una mayor subvención".

Las gestoras, que ya se negaron a devolver ni siquiera un céntimo de lo recaudado una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), "pueden haber incurrido en fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado". La denuncia podría implicar a los "cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto las anteriores conductas".

Según ha publicado lainformación.com, esta demanda tiene su nacimiento en la publicación por parte del Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por cada una de las entidades gestoras. Entre las cifras se demuestra que "se llega a retener a los autores, y de forma indebida, hasta casi la mitad de las cantidades recaudadas". "Estamos ante un proceder no excepcional, un fraude masivo y coordinado entre todas las entidades de gestión y con el visto bueno de sus principales dirigentes", han asegurado los denunciantes.

A pesar de la citada sentencia del TSJUE, el Gobierno no regulará esta tasa para adecuarla a la legislación comunitaria hasta dentro de tres meses. Entre la reforma de este concepto se incluirá aplicar el impuesto a las conexiones de ADSL, lo que podría encarecer el precio de éstas.