El Tribunal Supremo rechaza paralizar el canon a los operadores para financiar a RTVE

El canon impuesto a los operadores de telecomunicaciones con el fin de financiar Radio Televisión Española (RTVE) tras la eliminación de la publicidad en la cadena pública sigue generando polémica. En esta ocasión se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que ha rechazado la suspensión de este impuesto tal y como solicitaban las compañías.

A pesar de la petición de la Comisión Europea hacia el Gobierno para que eliminase el canon cobrado a los operadores para financiar al ente público, el Tribunal Supremo ha decidido rechazar la paralización de esta tasa considerada injusta por las compañías. El tribunal ha señalado que los operadores habrán de acudir ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) para resolver un asunto como éste, según informó Europa Press.

Los recurrentes, Telefónica, Vodafone y Ono, habían pedido la suspensión de los aspectos del Real Decreto de desarrollo de la Ley de Financiación de RTVE que afectan a la aportación de los operadores a los presupuestos de RTVE. "Este impuesto no se ajusta a los principios constitucionales de la Directiva Europea de autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas", habían señalado. Las compañías aseguran que la tasa les produce "un daño económico actual y futuro" y que afecta a su posición competitiva con los operadores que no están obligados a pagarla.

El tribunal, sin embargo, ha considerado que el riesgo o peligro que denuncian los recurrentes para pedir la suspensión "puede ser minimizado o eliminado acudiendo a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones", a la que la Ley apodera para fraccionar o aplazar los pagos. Además, establece que "el interés público que subyace en las normas impugnadas es indudable". La decisión del Tribunal Supremo ha sido bien acogida por el Gobierno, cuyo portavoz, Ramón Jáuregui ha asegurado que "tanto en el ámbito de las telecomunicaciones como de la televisión privada, se están viendo beneficiados por esta decisión".

Por tanto, un nuevo mazazo para los operadores, que se habían mostrado satisfechos después de la recomendación que llégó en septiembre desde Bruselas. A buen seguro aún queda alguna nueva batalla en esta guerra, pero esperamos que la solución de estas compañías no acabe pasando por trasladar este impuesto a los precios finales de las conexiones de banda ancha, lo que levantaría duras críticas por parte de los usuarios.