Sinde : No hay que criminalizar a los usuarios de ADSL pero se deben adoptar medidas

No le falta tiempo a la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, para sacar a relucir ante los medios su intención de "tomar medidas" para evitar que se infrinja la propiedad intelectual aunque "sin criminalizar a los usuarios de ADSL". Así lo volvió a afirmar en el día de hoy, en el que ha inaugurado la Feria Internacional de Contenidos Digitales (FICOD).

La ex presidenta de la Academia del Cine ha sido una de las encargadas junto al ministro de Industria, Miguel Sebastián, de inaugurar la edición de 2010 de FICOD. En declaraciones recogidas por Europa Press momentos previos al acto, la ministra señaló que es necesario "adoptar medidas" para proteger el actual concepto de propiedad intelectual sin criminalizar a los usuarios de ADSL.

No obstante, habrá que seguir muy atentos a estas "medidas" a tomar. Desde el mundo del cine y las entidades de gestión de derechos de autor ya se ha clamado porque las conexiones de banda ancha de los usuarios sean gravadas con un canon por la contribución de éstas a la denominada "piratería". Si ésta es una de las opciones que se baraja desde el Ministerio de Cultura el "no criminalizar a los usuarios de ADSL" quedará en una bonita pero falsa afirmación.

"Nadie cuestiona otras formas de propiedad privada"

La protección de los artistas y el respeto a los derechos de autor siguen siendo una máxima para la política. "El campo tiene puertas y las fincas unos límites y yo no veo que nadie cuestione otras formas de propiedad privada. La propiedad intelectual es de todos aquellos que crean, también si tienen el deseo de compartir lo que hacen, y hay que posibilitar que lo hagan con legitimidad", advirtió.

En su intervención en el acto inaugural de la feria, Sinde destacó la importancia de defender a los creadores porque "los contenidos digitales tienen unos autores que no han nacido de unos microprocesadores" así como los "numerosos puestos de trabajo" que dependen de la propiedad intelectual. De este modo, la ministra sigue manteniendo el mismo discurso que la industria cultural, que asegura que las descargas P2P destruyen más de 15.000 empleos al año. Lejos, muy lejos, parece que tanto la política como estas compañías sean capaces de ver la necesidad de adaptar sus modelos de negocio a los nuevos tiempos abiertos por Internet.