La ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, no pierde ocasión para defender el «derecho de los autores a cobrar una remuneración por copia privada de los originales de sus obras». De nuevo, ha vuelto a hacerlo en el pleno del Senado y ha pedido a las formaciones políticas «serenidad» y «aceptar la sentencia europea sobre el canon«.
La polémica sobre el canon digital continúa. A pesar de los intentos por parte de la ministra de Cultura de zanjar el tema después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, los partidos en la oposición no dejan de cuestionarse la lectura que se ha hecho del texto.
El último en preguntar a González-Sinde ha sido el senador de CiU Jordi Vilajoana. Este considera que la sentencia «complica y hace compleja una solución jurídica» planteada por la titular del Ministerio de Cultura ya que «exime del pago del canon a personas jurídicas y presupone que las personas sí utilizarán sus soportes o mecanismos para hacer copias privadas y son los únicos que tendrán que pagar», algo que en su opinión no ha sido explicado claramente a los ciudadanos.
Aunque la corte comunitaria no haya considerado esta aplicación a los particulares como indiscriminada y sí a las empresas y las Administraciones, sigue quedando la duda sobre si realmente no lo es que se aplique esta tasa a determinados usos como pudiera ser, por ejemplo, la grabación en un CD de unas fotos personales. El usuario seguiría pagando canon por ese CD o esa grabadora de CD aun teniendo un uso muy distinto al del concepto de «copia privada de la obra un artista».
El Gobierno trabaja en un «plan de actuaciones» sobre el canon
No obstante, la ministra sigue considerando necesario que se compense a los artistas y el discurso alejado de esta postura «ha sido utilizado como arma política arrojadiza». Por ello, pidió «serenidad» y que se deje trabajar al Gobierno en su «plan de actuaciones» en el que se darán «respuestas jurídicas a problemas comunes de forma unificada».
De este modo, el Ejecutivo ha admitido la posibilidad de abrir nuevas vías para seguir compensando a los autores por las supuestas pérdidas que las presuntas copias privadas le generan. Como venimos advirtiendo desde hace semanas, y según se ha endurecido el discurso de la industria cultural y de las gestoras de derechos de autor contra los proveedores de Internet, no sería demasiado descabellado pensar en que se estuviese trabajando en gravar las conexiones de banda ancha por su «colaboración» a la hora de distribuir material protegido con derechos de autor.