Demandarán a la SGAE por querer cobrar un canon sobre las fiestas de los pueblos

¿Tiene derecho la SGAE a cobrar un canon a los ayuntamientos de los municipios por los festejos que organizan? Según el PP y el PSOE de Albacete la respuesta es un "no" rotundo. Por ello, han aprobado una moción en la que se le pide al Gobierno que elimine este canon que grava a los municipios de una forma totalmente injusta.

Como podemos leer en ABC.es, el pleno de la Diputación provincial aprobó de forma unánime la moción presentada por el Partido Popular (con el apoyo del PSOE) instando al Gobierno a suprimir el canon para los ayuntamientos. El portavoz del grupo popular, Antonio Serrano, se mostró convencido en que el respaldo logrado por su moción "marcará un antes y un después en la justa reivindicación de los municipios".

Este mostró su oposición a "un impuesto injusto para los ayuntamientos pues la totalidad de las programaciones culturales que elaboran los alcaldes tienen como objeto la promoción y difusión entre la población de sus tradiciones culturales y, siempre, sin ánimo de lucro". Los festejos "cumplen una función social y de ocio dirigidos a vecinos de forma desinteresada suponiendo para los ayuntamientos un esfuerzo para las arcas municipales, a la que hay que sumar las cantidades reclamadas por la SGAE. No hay, por tanto, rentabilidad económica", remarcó.

En la moción se pide que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) medie al respecto, así como el Ministerio de Industria, que "tiene mucho que decir al respecto", según se señala en el texto, donde se califica al canon de "injusto, arbitrario e indiscriminado", aparte de dudar de su legalidad. El último capítulo de la entidad gestora en su ánimo de recaudar cantidades económicas se vivió recientemente, al demandar a un pueblo por utilizar música durante sus fiestas.

Desde la Diputación albaceteña se ha insistido en el "afán recaudatorio de la SGAE con indefensión para los ayuntamientos a la hora de estar en desacuerdo con las liquidaciones y vulnerar su derecho a discrepar". Ahora será el Gobierno quien tenga que mover ficha ante la legalidad de una tasa de la que incluso Bruselas duda.