Enfado máximo en el Gobierno francés con el operador Free, que a comienzos de esta semana se negó a enviar a sus usuarios sospechosos de haber descargado contendio a través de redes P2P el primer aviso con el fin de amenazarles con cortar su conexión. El ministro de Cultura ya ha anunciado que emprederá acciones legales contra Free por incumplir la Ley Hadopi.
El caso de desobediencia por parte de Free podría resolverse finalmente en los tribunales. Fredéric Mitterrand, ministro de Cultura del país galo, aseguró que «el cambio de Free, que el lunes decidió no trasladar a sus abonados los mensajes de advertencia, en una violación formal de sus obligaciones legales, es inaceptable». Desde el Gobierno se ha amenzado incluso con lanzar un decreto para acabar con esta polémica que tanto parece haberle enervado.
El operador, al contrario que el resto de ellos (SFR, Orange, Bouygues y Numéricable) ha optado por no enviar este primer aviso por email introducido por la Ley Hadopi para perseguir a aquellos internautas que supuestamente infrinjan la propiedad intelectual compartiendo archivos en redes P2P como eMule o BitTorrent. Free argumenta que por ahora esto choca con la protección de los datos personales de los usuarios y asegura que su postura está totalmente de acuerdo con la ley hasta que se firme un acuerdo con el Gobierno que rece lo contrario.
El ministro, por su parte, recordó que su ministerio ya había tratado con los proveedores de Internet el tema de los posibles sobrecostes que pudiera acarrearles identificar a los abonados infractores a partir de sus direcciones IP, pero este no es el motivo expuesto por Free. Aun así, el ministro amenazó al operador desobediente y a todo aquel que tome su misma postura: «Deberá atenerse a las consecuencias judiciales y financieras«.
A falta del amenazador decreto que incluya sanciones en este sentido, el caso de desobediencia de un operador no es el primero ante leyes de este tipo. Al menos, en Reino Unido, Talk Talk ya ha manifestado su total desencuentro con la Digital Economy Act, similar a la Ley Hadopi francesa, y podría darse un caso similar. En otro país como Suecia, el Ejecutivo también ha amenazado con sancionar a los operadores que se nieguen a colaborar con las ley antidescargas.