El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) está cerrado, según informa el diario Público. Después de tres años de negociaciones a las espaldas de la ciudadanía, Estados Unidos, la Unión Europea y otros nueve países habrían firmado un acuerdo que persigue, entre otras opciones, endurecer la lucha contra intercambio de archivos en redes P2P.
En teoría, después de todo este tiempo de negociaciones en secreto, a lo largo del día de hoy se dará a conocer el contenido definitivo de este polémico acuerdo. Del mismo sólo se conocen detalles a causa de las filtraciones que han ido llegando tras las reuniones entre los firmantes, los cuales han excluido de las negociaciones a organizaciones de ciudadanos, internautas e incluso al Parlamento Europeo, que a través de varios eurodiputados rechazó el secretismo con el que se han llevado a cabo los trámites.
Entre los datos filtrados destaca el llamamiento a los gobiernos para que refuercen sus leyes en materia de protección a la propiedad intelectual. En otras palabras, se estaría pidiendo a los órganos ejecutivos y legislativos de cada país que adoptasen modelos como la Ley Hadopi en Francia o la Digital Economy Act en Reino Unido. Estas leyes prevén incluso desconexiones de los usuarios en caso de que se detecte que han descargado material protegido con derechos de autor.
Otro de los puntos que más ha preocupado a la comunidad internauta ha sido que el ACTA en sus diversos borradores recogía penas de prisión para aquellos que vulnerasen la propiedad intelectual intercambiando archivos equiparando esta práctica a una práctica comercial aunque no necesariamente lo es. También se contemplaría la persecución penal a «intermediarios cuyos servicios se usen para violar la propiedad intelectual», en lo que supone una amenaza a los operadores que no quieran colaborar revelando datos de sus usuarios.
El Senado de México pide a su presidente la retirada del ACTA
Los 11 firmantes, entre los que se encuentra México a pesar de que su Senado ha pedido al presidente del país la abstención en torno a este tratado, han conseguido levantar las más feroces críticas de ciudadanos por todo el mundo. En su momento, el eurodiputado Christian Engström abandonó la sala donde se negociaba por su denuncia de las restricciones impuestas para dar a conocer a la opinión pública un texto que muchos consideran teledirigido por las grandes corporaciones de Estados Unidos.
Organizaciones de internautas como la francesa La Quadrature du Net ya han señalado que «ACTA tendrá una influencia nefasta en el marco legislativo global en materia de libertad de expresión, comunicación, acceso al conocimiento y a la salud». Salvo imprevisible cambio de última hora, la criminalización y persecución al usuario de Internet por todo el mundo está más cerca que nunca.