Filtrados los datos de miles de usuarios que habían compartido pornografía a través de P2P

Los datos de entre 5.000 y 10.000 personas de Reino Unido que supuestamente habrían compartido material pornográfico protegido por derechos de autor han sido filtrados a la luz pública a través de ACS Law, empresa contratada por la industria cultural para rastrear los usuarios que descarguen material con copyright.

Nueva polémica en torno al P2P y las empresas dedicadas al rastreo de los usuarios que utilizan estos métodos para compartir archivos. Según varios medios como la BBC o Techwatch, habrían salido a la luz los datos personales de entre 5.000 y 10.000 británicos a los que la empresa tenía localizados e incluidos en una de sus listas como sospechosos de infringir los derechos de autor con el intercambio de vídeos pornográficos.

El listado ha aparecido después de que el grupo Annonymus lanzara un ataque de denegación de servicio (envío masivo de peticiones a un sitio hasta provocar su colapso) contra el sitio de ACS Law por su contínua actividad de persecución a los usuarios. Así ha podido conocer el listado de personas a los que el grupo habría mandado una carta amenazante solicitando el pago "compensatorio" de 500 libras (590 euros) para eludir la demanda ante los tribunales.

Según los expertos la citada lista estaría mal protegida desde la propia web de ACS Law, por lo que ni siquiera habría sido el ataque por parte de Annonymus lo que hubiese provocado el acceso a ésta. En ella se puede comprobar las direcciones de correo electrónico de los sospechosos. A éstas se les habría mandado el aviso y los comentarios de la firma que habitualmente es contratada por la industria cultural para conocer estos datos y poner en práctica este tipo de medidas. Ya se ha señalado a esta filtración como uno de los episodios más graves en cuanto a desprotección de datos personales en Reino Unido.

Conocidos o no los datos de los usuarios, no es más que un nuevo capítulo en la persecución a los usuarios que utilizan métodos P2P para intercambiar información y archivos. Estas prácticas rozan la ilegalidad o incluso la superan, como vimos en el caso de Suiza, que declaró ilegal a una compañía dedicada a las mismas actividades de espionaje que ACS Law.