El Congreso aprueba los trámites de la Ley de Economía Sostenible. La norma legal que permite el cierre de páginas web por parte de un órgano administrativo en caso de que se resuelva que vulneran de algún modo los derechos de autor ha salido adelante tras los votos en contra de PSOE, PNV y Coalición Canaria ante las enmiendas a la totalidad.
Cinco meses después de la presentación en el Congreso, la Ley de Economía Sostenible ha dado un paso al frente casi definitivo en su tramitación al ver cómo se rechazaban las enmiendas a la totalidad del texto. Con 176 votos en contra de la devolución de la norma (los de los citados PSOE, PNV y CC) y 169 a favor, sin ninguna abstención. Ahora continuará su trámite en lo referente a las enmiendas parciales pero es muy probable que los resultados del texto final no varíen en exceso tras lo visto en la sesión parlamentaria.
La ley incluye la polémica Disposición Final Segunda y aunque algunos grupos políticos han mostrado su rechazo hacia ésta no ha sido el caso de los mayoritarios por lo que se prevé que acompañe al texto final con lo que esto implica. Como se ha mantenido desde la plataforma por los derechos de los internautas Red SOStenible, esta parte del texto supone el ataque hacia los derechos fundamentales en Internet en favor de lobbies industriales que no quieren reconvertirse ni adaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos que corren en la Red.
Rechazo inicial y cambio de opiniones de varios grupos políticos
Desde un primer momento el Gobierno se encontró con un rechazo masivo a su proyecto de ley. Desde entonces, algunas partes han cambiado de parecer a tenor de lo visto en la Cámara Baja durante el debate hoy celebrado. A comienzos de 2010 la oposición en bloque se mostró su negativa a apoyar el texto. Tal fue el caso del Partido Nacionalista Vasco y de Coalición Canaria cuyos diputados dentro de la Subcomisión parlamentaria de la Propiedad Intelectual mostraron su oposición al cierre de páginas web.
Por su parte, el partido nacionalista catalán Covergencia i Unió (CiU) ha señalado que quien debe decidir si una web es cerrada o no debe de ser siempre un juez y no un órgano administrativo. Esta postura encontró el apoyo de los diversos internautas reconocidos con los que la ministra González-Sinde se reunió para acercar posturas como Enrique Dans, José Cervera, Rosalía Lloret (RTVE), Gumersindo Lafuente (Soitu.es), Mario Tascón (Lainformacion.com), Juan Varela y Javier Sanz (ADSLzone).
La ley seguirá su curso y entrará en vigor a principios de 2011
Nueve meses después de aquellas posturas y manifestaciones y tras el suceso de hasta doce prórrogas, la Ley de Economía Sostenible ha visto cómo seguirá su curso hasta una aprobación final promovida por el PSOE, partido en el Gobierno y que curiosamente en 2002 criticaba a través de Alfredo Pérez Rubalcaba otra de las leyes polémicas introducidas en nuestro país para el control de Internet, la LSSI. El hoy ministro del Interior la calificaba como la «ley de censura del ciberespacio».
Y en lo que respecta a la oposición mayoritaria, donde se encuentra el Partido Popular, ha votado a favor del rechazo total del texto pero ha presentado una enmienda que modifica ligeramente el papel de la Comisión de Propiedad Intelectual introduciendo la figura de la «tutela judicial» pero buscando la protección de los derechos de autor. «Es capital que los ciudadanos puedan acceder a la red libremente», aseguraba el PP en su día.
En definitiva, nuevas leyes para proteger un modelo antiguo, el de los derechos de autor, que no ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos que corren gracias a una herramienta, Internet, que ha evolucionado a pasos agigantados en apenas 15 años y ha supuesto una auténtica revolución social. A pesar de ello, el empeño por censurar por parte de los diversos órganos ejecutivos sigue estando de moda en pleno siglo XXI.