La Unión Europea ignora la opinión de los usuarios sobre las descargas P2P

¿Sabemos toda la verdad sobre las negociaciones que lleva a cabo la Unión Europea acerca del intercambio de archivos y la posible monitorización de los usuarios por parte los operadores? Según ReadWriteWeb, el secreto que se guarda por parte de la UE al respecto implica la exclusión de los usuarios en este debate.

Así lo publica en su web, tras haber accedido a documentos confidenciales sobre la filtración de la navegación y los contenidos de Internet. En éstos se puede ver cómo la Comisión Europea se reunió a principios del pasado me de junio con varios grupos para estudiar cómo hacer cumplir las leyes de derechos de autor en la Red.

Sin embargo, algo muestra el evidente sesgo con que las negociaciones se llevan a cabo. Sólo tres grupos se reúnen con la Comisión Europea: los operadores, compañías audiovisuales y empresas de software de control de redes. Los usuarios y las asociaciones de internautas quedan excluidos así de un debate que les afecta de la forma más directa, y más aún si tenemos en cuenta las opciones propuestas por los representantes de los citados grupos.

Estas pasan por la detección de forma técnica de contenido que se mueve por Internet como puede ser un archivo que contenga una película u otro material protegido por los derechos de autor. Tras ello se pretendería sancionar a los usuarios, previa campaña para asustarlos con amenazas de desconexión y multas económicas. La industria cultural y audiovisual se muestra como la más partidaria de este tipo de acciones, mientras que las empresas de software para controlar las redes estarían a su disposición.

Mientras, los operadores fueron quienes más pegas vieron a estas medidas ya que rastrear y controlar de esta forma a los internautas tendría unas implicaciones técnicas, legales y sociales que serían difíciles de asumir desde su perspectiva. Entre sus preocupaciones estarían el bloqueo inintencionado de contenido no ilegal, el freno al desarrollo en la Red o los movimientos de usuarios en busca de otros operadores que no filtrasen sus conexiones. Sin embargo, Reino Unido e Irlanda han visto recientemente cómo algunos operadores como Telefónica O2 o Vodafone han introducido cláusulas para bloquear el tráfico P2P.

Lo que parece claro es que el debate continuará y no será sencilla una resolución final ante la oposición de los usuarios si ven cómo son vulnerados sus derechos a la intimidad y a la privacidad. Quizá, como se viene reclamando desde hace mucho tiempo, la alternativa para la industria pase por adaptar su modelo de negocio a los nuevos tiempos y el cese de la criminalización constante hacia el colectivo de usuarios.