La Unión Europea, con Londres a la cabeza, quiere imponer la retención obligatoria y durante un año como mínimo de los datos electrónicos ligados a llamadas telefónicas, mensajes de móvil, correos electrónicos o navegación por internet. Origen, destino, hora, fecha y lugar de cualquier comunicación deberá ser almacenada por las operadoras, así como la identidad del comunicante y el tipo de aparato utilizado.
Las compañías telefónicas cifran en más de 180 millones de euros la inversión necesaria para cumplir con la retención obligatoria de datos electrónicos que quiere imponer la Unión Europea. Y advierten que esa factura puede multiplicarse varias veces para los proveedores de internet, hasta el punto de poner en peligro la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas del sector.
Está claro que las compañías de telecomunicaciones no van a reducir sus beneficios por estas medidas, y que al final el coste lo vamos a pagar los de siempre, los consumidores finales. Por no hablar de las dudas legales sobre este tipo de actuaciones, por las que todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario.
La medida ha sido calificada como desproporcionada por los proveedores de acceso a internet. Y parece claro que va a causar muchos más problemas que beneficios. Cualquier terrorista puede usar proveedores de acceso de paises donde no exista esta obligación, y en los últimos casos sucedidos en Europa los implicados utilizaban tarjetas prepago de las que apenas un 30% están registradas a un usuario concreto, el resto son totalmente anónimas.
En el caso de España, la ley que regula la interceptación de las comunicaciones ha sido recurrida ante el supremo por la Asociación de Internautas.
La batalla entre el derecho a la intimidad y la necesidad de mejorar la seguridad de los paises occidentales no ha hecho más que comenzar.