Que el desarrollo de la fibra en nuestro país dista mucho del existente en otros países europeos es algo evidente. Según un informe de la Asociación Europea para la Competencia de las Telecomunicaciones (ECTA en sus siglas en inglés) esto se debe a la reglamentación restrictiva que el órgano regulador, la CMT, realiza sobre el acceso a las redes de nueva generación.
De este modo, nuestro país se encontraía en un décimo puesto en la clasificación elaborada por la ECTA sobre reglamentación y acceso a redes de fibra en 2009. Francia, Reino Unido, Italia y Portugal son algunos de los países que aventajan a España y cuya regulación en materia de redes no es tan estricta y permite el mejor desarrollo de éstas.
La asociación puso como referencia Holanda, el país «mejor conectado» de Europa, gracias a que su organismo regulador es «proactivo» y a que su mercado de telecomunicaciones es abierto y competitivo. Así lo pudimos comprobar en nuestro análisis de las ofertas de banda ancha en Holanda, donde se pueden conseguir conexiones de fibra de 90 Megas de subida y 6 de bajada por 69 euros.
Por el contrario, países como España o Bélgica mantienen restricciones explícitas en cuanto al acceso, lejos de la inexistencia de cualquier medida de reglamentación en diversos estados miembros o las medidas para desagregar los servicios de fibra para que los consumidores dispongan de mayor capacidad de elección, como en el citado caso de Holanda.
Por último, el informe anima a los reguladores a que obtengan más facultades y las ejerzan activamente, ya que así los consumidores se beneficiarán de mejores servicios de telecomunicaciones al existir una mayor inversión. Este último aspecto es la gran asignatura pendiente para el despliegue fibra en nuestro país. La propia CMT estimó hace un año que para el año 2023 el 45 por ciento de los hogares españoles podrían tener fibra, fecha a todas luces muy lejana e insuficiente si comparamos con las inversiones de otros países como Italia o Reino Unido.