Los pubs británicos empiezan a sufrir las consecuencias de la recién aprobada Ley Antidescargas en el país anglosajón. Esta les sitúa en el punto de mira como proveedores de Internet en aquellos que ofrecen conexiones WiFi, y si se produjesen descargas de contenidos protegidos por derechos de autor desde sus locales podrían ser sancionados como responsables del tráfico que fluye por sus redes.
La aprobación de la Digital Economy Act supone un intento por parte del Gobierno de frenar todo indicio de «piratería». Cualquier red en la que se descarguen o compartan archivos con copyright podría ser incluso desconectada de Internet. Esta ha sido una de las medidas que ofrece la ley más criticadas por los internautas y proveedores, ya que se podrían dar víctimas colaterales en estos procesos de desconexión.
Por este motivo, los pubs británicos han sido señalados como posibles responsables del uso «ilegal» de sus conexiones WiFi. Así lo ha advertido Naunton Dickins, directivo del proveedor WiFi The Cloud. «Con estas nuevas leyes los pubs que ofrezcan su propia red WiFi podrían ser responsabilizados si sus usuarios descargan material protegido de forma ilegal, lo que podría dar fuertes quebraderos de cabeza a los propietarios», explicó Dickins, quien sugirió que la alternativa pasa por «asegurarse de que su proveedor puede poner seguridad en sus redes para que esto no suceda«.
Esto supone una forma de intervencionismo que podría confrontar con los derechos de los usuarios que utilicen este tipo de conexiones, ya que de alguna forma se interfiere en sus derechos a la privacidad y a la libertad. De este modo, se limitaría el acceso a la Red en determinados sitios, así como las aplicaciones que los clientes podrían usar o no en sus ordenadores.
El debate sobre si la nueva ley acabará con las conexiones públicas en el país británico está sobre la mesa. Hace tan sólo unos días, Peter Scargill, presidente de la Federación de Pequeñas Empresas aseguró que varios miembros de su organización empresarial ya están empezando a desconectar voluntariamente sus locales (hoteles, restaurantes, etc.) al público por temor a las medidas legales que pudiesen tener en su contra.