Las operadoras de telecomunicaciones han dado un paso al frente en su resistencia a financiar el nuevo modelo de gestión de RTVE. Llamadas por el Gobierno a pagar un 0,9% de sus ingresos brutos para compensar la supresión de publicidad en la televisión pública, han decidido presentar avales por valor de 126 millones de euros ante los tribunales a la espera de la resolución del litigio.
El pago del gravamen se habría de hacer en julio del presente año. El Grupo Telefónica sería el más perjudicado por este impuesto y su contribución a las arcas del estado ascendería a 78,8 millones de euros procedentes de Telefónica España y Movistar. Le seguirían Vodafone con 24,3 millones, Orange con 13,9 millones, ONO con 6,8 millones y Jazztel con 2,3 millones.
El órgano encargado de recaudar este impuesto, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya mostró su rechazo a la medida del Gobierno. Asimismo, Bruselas ha expedientado a España ante la incompatibilidad con la legislación comunitaria. Hasta que la Comisión Europea confirme que esta financiación se ajusta a la normativa comunitaria las operadoras no tendrán que realizar el pago del aval.
Recordemos que el pago de esta tasa ha sido justificado por el ejecutivo por la futura competencia que las telecos supondrán a la televisión en cuanto a descargas a través de Internet, mientras que desde Bruselas se duda de este fin al no estar este impuesto relacionado con el coste que supone regular el sector sino con la ausencia de ingresos publicitarios.
¿Se trasladará al usuario el canon de TVE?
Telefónica fue e primer operador en criticar la medida aprobada por el Gobierno para financiar al ente público. Por su parte, Vodafone y Jazztel también se pronunciaron al respecto indicando que no trasladarían el gravámen a sus clientes.