Cultura cree que los internautas se están desmovilizando contra la Ley antipiratería

El silencio de los Internautas está siendo interpretado por el Ministerio de Cultura como una aceptación de la Ley de Economía Sostenible que permite a una comisión de expertos cerrar páginas sin resolución judicial.

Según publica Radiocable.com, aunque hay voces dentro del PSOE tratando de introducir modificaciones en la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio de Cultura cree que los internautas se están desmovilizando y da por buena la actual redacción. Con ella -creen en Cultura- “se cumple la premisa ordenada por Zapatero; la del control judicial”.

El gobierno, por su parte, tiene su propia hoja de ruta. Zapatero cree que se debe enviar un doble mensaje. Por una parte de cara al exterior, desde donde nos llueven los reproches. Paises como EEUU han manifestado su incomodidad ante la pasividad del ejecutivo en su lucha contra la piratería, y todo en base a los datos -dificilmente comprobables- que publican la SGAE, la industria española y sus esbirros.

Pero, por otro lado, el Presidente cree que se debe enviar un mensaje ético a la Internet española: uno que diga que no todo vale, que las leyes hay que cumplirlas.

Coste político

Cuando todas las encuestas dan por vencedor al PP en las próximas generales y la popularidad de Zapatero está en su momento más bajo, la Ley de la "patada en el router" podría ser la puntilla.

¿Si la norma sale adelante, conseguría aunque solo fuera reducir la piratería? Si nos atenemos a los hábitos de los internautas y las facilidades de la tecnología para sortear la vigilancia, todo indica que no será así. ¿Merece la pena seguir manteniendo entonces esa disposición final que permite cerrar cualquier página web?¿Merece la pena crear una herramienta legal tan ambigua y peligrosa…como ineficaz? ¿Merece la pena dañar tanto la Ley de Economía Sostenible? El Ministerio de Cultura cree que sí.

¿Quién gana en todo esto? Lógicamente las sociedades de gestión de derechos de autor y los rentistas que quieren proteger a toda costa su negocio a pesar de que se colisione directamente con los derechos civiles y libertades.